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19-09-2007
Reflexiones a partir de una derrota
Delphi se cerró
Andalucía Libre
La lucha de los trabajadores de Delphi de Puerto Real para evitar su
cierre ha concluido. Desde febrero de 2007 -cuando la multinacional
yanqui anunció su intención de desmantelarla- hasta julio -cuando los
sindicatos CCOO , UGT , CGT y USO rubricaron su acuerdo con la empresa-
se desarrollaron constantes acciones, incluyendo grandiosas
manifestaciones en Cádiz, movilizaciones sectoriales de mujeres y
estudiantes, una exitosa y unánime Huelga General comarcal y una Marcha
a Sevilla. Durante estos meses Delphi estuvo constantemente en los
informativos; atrayendo la atención del movimiento obrero y de la
opinión publica andaluza. Y pese a que durante todo este tiempo el grito
de guerra siempre repetido -que resumía el sentido de la lucha- fue "Delphi
no se cierra", la fábrica se ha cerrado (y además con el aval político y
sindical).
El impacto de Delphi
El impacto político y social del caso Delphi en Andalucía es
inexplicable si se le reduce a un simple ejemplo más de deslocalización.
Lo que estaba en juego en Delphi era mucho más que el destino de 1.549
trabajadores fijos de plantilla, 167 auxiliares y 100 precarizados (más
en torno a 2.000 dependientes). Se trataba de un caso de
desindustrialización que afectaba a un país como Andalucía ya de por sí
desindustrializado. Nada que ver con otras realidades donde la
deslocalización se produce como excepción o como amenaza aislada dentro
de un tejido industrial consolidado. Esta singularidad nacional explica
la entidad de la identificación y solidaridad social con el caso;
especialmente profunda en su comarca pero también perceptible en el
conjunto de la Nación.
Porque en Andalucia, trabajar en una gran empresa industrial -al margen
de cuales fueran sus condiciones concretas e incluso si estas se habían
venido degradando- era visto -según se mire- como una 'suerte' o un
'privilegio' y ese era el contexto nacional de Delphi y no otro. En un
país como Andalucía cuyos trabajadores están condenados mayoritariamente
a trabajar en la hostelería, los servicios, la construcción o el
turismo, segmentados y precarios, la perdida de una empresa industrial
como Delphi no podía dejar de percibirse espontáneamente como una
enésima negación de esperanzas y una nueva condena.
Así, la consigna "Delphi no se cierra" se convirtió naturalmente en una
síntesis y un programa que trascendía la especifica situación de una
fabrica. Mantener abierta Delphi era no sólo respetar los derechos de su
plantilla actual sino también evitar una nueva perdida de puestos de
trabajo industriales para el futuro y atenuar la imagen de dependencia
nacional. Era también una forma de rechazar los precedentes en que las
crisis industriales en Andalucía se habían resuelto en lo que se ha
venido en llamar "formas no traumáticas" , es decir, consintiendo en la
perdida de los puesto de trabajo a cambio de indemnizaciones y/o
extensiones de cobertura por desempleo o pensión (las famosas
'prejubilaciones' ). Esta vez se quería que esto no volviera a pasar. Y
se creía posible conseguirlo porque, aparentemente, se coincidía en esa
demanda dentro y fuera de la fábrica.
El caso Delphi
Ayudaba a esa impresión las específicas condiciones de la empresa. Todo
el mundo recordaba que la instalación de Delphi (antigua General Motors/Opel
) en la Bahía de Cádiz fue una consecuencia de la implantación de su
matriz en el Estado español. Entonces, para compensar la apertura de una
gran fábrica en Zaragoza -ubicada en el centro del eje triangular
Euskadi/Madrid/Cataluña- y acallar las críticas en Andalucía se pactó
entre el Gobierno español y la multinacional abrir aquí una fábrica
menor dedicada a los componentes del automóvil; que años después General
Motors transferiría a su heredera Delphi (con la que aun hoy mantiene
estrechos vínculos).
Durante años la multinacional ingresó ayudas y subvenciones públicas
-circula la cifra de 62 millones de euros- y se aprovechó de la
benevolencia estatal. Alimentándose siempre del contexto nacional donde
se insertaba, la multinacional se benefició en costes salariales y
condiciones de trabajo y así anduvo hasta conseguir imponer en 2006 un
Plan Industrial hecho a su medida. Bajo ese paraguas precisamente
preparaba su deslocalización; transfiriendo datos y maquinarias
desarrolladas en Andalucía a otras factorías, como la que posee en
Polonia y repartiendo gratificaciones por valor de 130 millones de euros
entre sus directivos. No es de extrañar pues que con esas prácticas y
ese engrase -y tal y como es costumbre en secciones de multinacionales-
Delphi prefabricara para Cádiz la cuenta de resultados que resultara más
acorde a sus objetivos globales.
Delphi, a la altura de 2007, se encontraba inmersa en un complejísimo
proceso de reestructuración internacional. No tiene sentido perderse en
la maraña de pantallas y vericuetos legales que en varios continentes
servían a este objeto. Lo cierto es que ese proceso -presentado como una
quiebra mundial que llevaría a la desaparición general de la empresa-
serviría de excusa de fondo para justificar -¡que casualidad!- la
liquidación específica y singular sólo de su fábrica andaluza.
Así, Delphy contrataba en enero al despacho Garrigues para la gestión
del cierre e intentaba desentenderse del asunto.
La táctica seguida por la multinacional fue abrir el proceso apostando
fuerte. A finales de febrero anunció su decisión de cerrar Delphy Cádiz
a la brava , sin atenerse a la legislación laboral española. De esta
forma se situaba a la ofensiva en el conflicto y ganaba gratis de
entrada, espacios que luego, si se daba el caso, podría desalojar.
Porque -como era perfectamente previsible- este anunció forzó tanto a la
Administración andaluza como a la española a rimbombantes declaraciones
de principio en que le recordaban a Delphi que debía someterse a su
jurisdicción y su legalidad.
Lo que entonces casi nadie advirtió es que era muy extraño que Delphi se
arriesgara a una batalla política y legal de tal dimensión y con ese
planteamiento desafiante frente al Estado español (y muy posiblemente
ante la Unión Europea) mientras en ningún caso cuestionaba el
mantenimiento operativo de ninguna de sus otras factorías en el Estado
español: San Cugat del Valles (1.138 trabajadores directos) y San Vicenç
del Horts (500) en Cataluña ; Pamplona (150) en Euskadi y Tarazona
(700). La aparentemente ilógica actitud de la multinacional sólo podía
tener dos explicaciones: primera, era una añagaza de partida preparada
para ceder luego y regalarle así una ficticia victoria a los Gobiernos
andaluz y español con la que estos podrían justificar y vender su
complicidad; segunda, implicaba una amenaza de que si los dos Gobiernos
PSOE implicados -el andaluz y el español- no colaboraban con sus
propósitos, el asunto se extendería también a esas otras factorías, que
por cierto, según sabia perfectamente la empresa, no estaban ubicadas en
la sumisa Andalucía. Quizá haya que buscar la motivación de la jugada en
una combinación de ambas.
Visto lo visto, es obvio que la multinacional yanqui previó bien cual
iba a ser la reacción de los Gobiernos andaluz y español. Y muy
posiblemente no se equivocó tampoco demasiado en sus previsiones sobre
cual iba a ser la línea de las federaciones sindicales españolas
implicadas. En lo que puede que se equivocara fue en minusvalorar el
nivel de rechazo social que su operación despertó fuera de la fábrica y
el grado de solidaridad y movilización que provocó.
Una telúrica presión social, preñada de rabia e indignación, surgida
desde lo más hondo y animada por el recuerdo de tantas derrotas
acumuladas vino a concentrarse tras el símbolo de Delphi. La grandiosa y
extremadamente combativa manifestación de marzo de 2007 en Cádiz -con
decenas de miles de manifestantes- preparada por las acciones de mujeres
y estudiantes fue su reflejo y condujo luego a una exitosa y masiva
Huelga General comarcal en abril que paralizó 14 municipios de la Bahía
y zonas adyacentes (y que hubiera podido ser nacional -con las
consiguientes y obvias repercusiones políticas- si el movimiento obrero
andaluz no estuviera dominado como está por sucursales españolas). Las
protestas de los trabajadores (y de sus mujeres) mantuvieron la tensión.
Los problemas en Delphi
Nadie puede negar que en una lucha como esta presiona -y mucho- la
angustia de los trabajadores directamente afectados por resolver pronto
y de la mejor manera posible su situación y que la tendencia a evitar
experimentos en cabeza propia -más si cabe en una situación general
donde ni se recuerda cuando empezó el retroceso obrero- es
extremadamente fuerte. Pero también puede empujar en otro sentido -y
también es obligado reconocerlo- el impacto de la solidaridad social
externa, que además se percibe crucial para salir con bien del
conflicto.
Lo cierto es que durante meses ambas realidades confluían bajo el lema
común "Delphi no se cierra" . La plantilla fija -y no digamos los
trabajadores de las subcontratas, los precarios y las empresas
auxiliares- no peleaba por incrementar sus indemnizaciones de despido
sino por mantener abierta una fabrica que sabían productiva y eficaz. Y
fuera de la fábrica, era el futuro común -como clase, como comarca, como
país- lo que se sentía en juego.
El problema nuclear de Delphi se remontaba muy atrás y lo trasciende.
Tiene que ver con la hegemonía en la izquierda y en el movimiento
sindical en Andalucia de fuerzas dependientes encarnadas en sucursales
españolas.
Y así, desde un principio, de una parte, las mayoritarias CCOO y UGT
-muy posiblemente siguiendo los consejos de sus asesores de Madrid- se
situaron tras el amparo y bajo el patronazgo del Gobierno andaluz del
PSOE; secuenciando las movilizaciones en lo posible y modulando su
discurso de forma que no evidenciara su responsabilidad política en la
gestación del conflicto ni le generara demasiadas dificultades. De otra,
la minoritaria CGT anarquista aparte de hacer muy respetables loas a la
necesaria combatitividad no fue -como era previsible- capaz de
trascender sus límites políticos y desplazar a CCOO/UGT, difundiendo
alternativas creíbles que fueran más allá de la crítica genérica a "los
políticos" . Lo cierto es que la combinación de unos y otros coadyuvó a
la despolitización de la lucha -facilitando por ejemplo la demagogia del
PP, que nunca fue excluido de reuniones o referencias- y a su
desnacionalización, eludiendo ambos subrayar el carácter y contexto
nacional del conflicto. Desde fuera, las meritorias iniciativas que
intentaron desde la solidaridad intervenir en el curso de los hechos
también se resintieron en buena medida de esas carencias y en algunos
casos, de enfoques ideológicos caducos, validos quizá para reclutar
algunos estudiantes radicalizados pero incapaces de proponer una línea
de acción efectiva para una lucha de la dimensión e implicaciones de la
que se desarrollaba en y en torno a Delphi.
Delphi era una fábrica andaluza (desde el momento en que estaba en
Andalucía y sus trabajadores eran andaluces y desde ambas condiciones
planteaban su lucha). No conectar su realidad y su futuro a la de la
Nación implicaba inevitablemente 'quitarle el agua al pez' . La
percepción social masiva hacia responsable al Gobierno andaluz del
futuro de Delphi y eso pese a que según el dependiente marco estatutario
vigente, hacer efectivas estas expectativas trascendían sus menguadas
competencias legales. Responder las demandas para que Delphi siguiera
abierta y funcionando llevaba a tomar medidas de Soberanía Nacional
andaluza, sin someterse a los restrictivos márgenes constitucionales
españoles ni a los hipotéticos preacuerdos establecidos de tapadillo
entre multinacional y Gobierno español en Madrid. No hacer ostentación
de esas exigencias sociales y traducirlas en reivindicaciones políticas
para reclamar que la Junta de Andalucia se tomara por la mano
competencias laborales, de comercio o penales -pese a contar con el
viento social a favor- conllevaba facilitar que la administración de la
crisis quedara paulatina y plácidamente en sus manos. Más aún, incluso
cuando algunos -especialmente desde fuera de la fabrica- plantearon
tímidamente la exigencia de 'nacionalización', al no explicitar que
estaban hablando de una 'nacionalización andaluza' y no española la
dejaron reducida a una consigna ideológica, sin virtualidad política
alguna, obviando -entre otras consideraciones- que era el Gobierno
andaluz el mas cercano y el que mas naturalmente recibía y resentía la
presión.
Pero es que antes de llegar a cuestionar la propiedad, se admitió como
algo natural la disociación entre titularidad, producción y venta en el
mercado (de Delphi en relación a General Motors/Opel y de la producción
de Delphi en Andalucía de la circulación y venta de sus productos aquí y
por extensión a titulo reivindicativo en el resto del Estado español y
de la UE). No se planteó la exigencia de que la Junta de Andalucía -si
la multinacional persistía en sus propósitos- penalizara a Delphi en
Andalucía y reclamara lo propio a Madrid y Bruselas o exigiera el boicot
en Andalucía a los componentes Delphi y por extensión a las marcas de
autos que los usaran (sin tomar nota de que con la excepción de los
pocos que fabrica Santana, todo el parque automovilístico que circula
por Andalucía es extranjero).
Tampoco se hizo agitación: 'O Todos o ninguno', vinculando la situación
de la fábrica andaluza a la del resto de factorías Delphi del Estado
español, admitiendo de hecho la estrategia del salami de la
multinacional y también aquí una disociación de futuro entre unas y
otras; perdiéndose así una formidable arma de presión política frente a
empresa y Gobierno español. La opción e instalación de todos los
pretendidamente 'internacionalistas' sindicatos españoles seguro que
jugó mucho en ello, con el consiguiente coste para los andaluces. Por
otra parte, la implantación de esos sindicatos -presentes en las otras
fabricas y en las otras empresas del sector automoción- no se concretó
en acción alguna de solidaridad efectiva (salvo que se considere como
tal un viaje de un día de 19 personas desde Cataluña para pasear una
pancarta, unos paros puntuales simbólicos de unos cuantos minutos y la
siempre fácil y consabida producción de comunicados). Delphi Cádiz -como
antes astilleros andaluces y antes tantos otros- se enfrentó en
solitario a la multinacional y corrió sola con el gasto. Se demostró
nuevamente que la extensión estatal de los sindicatos españoles no le
servia de nada positivo a los trabajadores andaluces y que sólo daba
amparo a las interferencias de los expertos y burócratas de Madrid.
Ciertamente, nadie puede decir que de haber optado por estas y otras
propuestas y líneas alternativas y nacionales, se hubiera conseguido
finalmente torcerle el pulso a la multinacional. Pero igualmente se
puede argüir que el no haberlo hecho y haber repetido las consabidas
tácticas del sindicalismo dependiente -eso si, siempre 'políticamente
correcto' - ha conducido a un resultado que sólo puede ser considerado
como una nueva derrota.
Las opciones de todas las versiones del sindicalismo español han
terminado por facilitar al PSOE el cierre de Delphi sin traumatismo
alguno. Tan coherente con su esencia como gestor de la Dependencia
nacional. También han permitido a la derecha extrema españolista del PP
que transite la crisis sin mayores costes, incluso cuando fue cogida in
fraganti a través de un concejal suyo de Cádiz que trabajaba para
facilitar el cierre. Ha facilitado que IU actúe descarnadamente como
satélite del PSOE y amparo político secundario con verborrea
izquierdista de CCOO y UGT. Por su lado, el andalucismo regionalista ha
vuelto a mostrar que desde esa ubicación no sólo no tiene militantes
para intervenir en luchas como esta sino que carece de discurso y
credibilidad para siquiera atreverse a delimitarse del resto y levantar
alternativas propias.
El final de Delphi
Del " Delphi no se cierra " se concluyó en el " divorcio por mutuo
acuerdo ".
La multinacional pactó el 4 de Julio con CCOO, UGT, CGT y USO dedicar
120 millones de euros a indemnizaciones a la plantilla fija, a razón de
45 días por año trabajado hasta un máximo de 75.000 euros. Nada del otro
mundo, porque -aparte la modesta cuantía del conjunto- a lo que se
comprometía era a aplicar individualmente cantidades similares a las que
legalmente se establecen al despido improcedente, que puede calificarse
como tal tanto por razones de fondo como procedimentales.
Aceptó dejar el suelo a la gestión de una Agencia de la Junta de
Andalucía, las instalaciones y las maquinas restantes pero no las
patentes ni el derecho de uso, con lo que se aseguraba quitarse de en
medio cualquier competencia futura mientras mantenía su libre acceso al
mercado andaluz.
Para endulzar el trago, la Junta de Andalucía se comprometió a fomentar
la consabida 'reindustrialización', atrayendo empresas para instalarse
en los solares de Delphi. A fecha de hoy, aunque en su momento se
insinuó que había varias ya apalabradas, se habla sólo de una empresa de
tecnología solar -para 100 empleos- o de ceder los terrenos para ampliar
la fábrica de componentes para el AIRBUS y nada hay concretado. También
ofreció el Gobierno andaluz los archiconocidos refuerzos en cursos de
formación y la apertura de una bolsa de trabajo (que, por otra parte,
puede provocar futuros enfrentamientos entre trabajadores).
Es verdad que, ubicándose en su punto de vista, los trabajadores de
Delphi han recibido más indemnización por despido de lo que la empresa
ofreció en un principio. Pero también lo es que una lucha como esta ha
terminado dejándolos en el desempleo. El 89,3% de la plantilla fija votó
sí en un referéndum para ratificar el acuerdo que dejó tras de si flecos
pendientes en lo tocante a la situación de eventuales y subcontratas.
Valorar el grado de entusiasmo subjetivo con que se tomó esta decisión
ante la ausencia de otras alternativas queda a la discreción y criterio
de cada cual.
Por lo que toca al conjunto de la clase obrera y del país, resulta
evidente que se ha capitulado ante la multinacional. Derrotas como estas
-y más cuanto más cerca se ha estado- supuran inevitablemente conciencia
de impotencia, fatalismo, cinismo, insolidaridad y división. El final de
Delphi -que viene detrás de tantos otros en similares circunstancias- no
ayudará, sino todo lo contrario, a facilitar que en futuras ocasiones se
genere más allá de los directamente afectados los sentimientos que esta
lucha encarnó.
Además, para acabar de machacar y subrayar su victoria, la multinacional
Delphi -desmintiendo vía hechos su presunta quiebra y puede que
reutilizando lo ahorrado aquí en relación a sus previsiones internas
reales- anunció poco después de conseguir su cierre en Andalucia:
primero, que ampliaba su fábrica de Tánger (Marruecos) -donde meses
antes había despedido a 446 trabajadores de una tacada simplemente por
reclamar el cumplimiento de la legislación laboral marroquí- e invertía
allí inmediatamente 27 millones de euros y planteaba la ampliación de su
plantilla en 3.000 obreros, y segundo, que hacia lo propio en la de Iasi
(Rumania) por una cuantía de 100 millones de euros y para emplear a
1.000 trabajadores más.
Toda una victoria del sindicalismo español (a costa de la clase obrera
andaluza y de Andalucía).- |