Los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) manifestaron hace poco a los medios informativos que dos millones de andaluces son pobres y cerca de medio millón de ellos viven en situación de pobreza severa. Los datos demográficos demuestran que de los veinte municipios con más de 50.000 habitantes que son más pobres de España, catorce son andaluces.

El sindicato UGT en Málaga, ha publicado recientemente que en toda la provincia más de doscientas mil personas trabajan sin tener un contrato firmado, lo que supone que casi el 25% de los trabajadores están en situación irregular. Los trabajadores sin nómina de la construcción, mas de cien mil, superan incluso a los trabajadores contratados legalmente. Hay diez mil trabajadores sin contrato laboral en el campo, otros tantos en situación precaria en establecimientos comerciales, casi veinte mil en los locales de hostelería y restauración. En la industria, de los casi cincuenta mil empleados que tiene el sector en Málaga se calcula que cerca de la mitad se encuentran al margen de la legislación laboral, siendo el más afectado el textil dado el gran número de empresas clandestinas con cuatro o cinco empleados que aquí como en muchos otros lugares de Andalucía y del resto del Estado existen.

El derecho básico de todo ser humano a tener un techo digno quizá sea el más conculcado en nuestro país, pero no el único. La inflación monstruosa de los precios de un bien tan necesario como una casa donde vivir nos coloca a la mayoría de los andaluces, jóvenes y menos jóvenes, en una situación de desamparo total ante los depredadores del mercado laboral y la especulación salvaje. En estas últimas décadas el encarecimiento de la vivienda nos ha dejado a casi todos en situación de semiesclavitud o más aún, de esclavitud técnica completa ante la apremiante necesidad de un empleo muchas veces precario e inseguro como paso previo y obligado para disponer de un techo digno donde cobijarse.

Los dirigentes de un estado moderno, a nuestro entender, deberían preocuparse con absoluta prioridad de las necesidades básicas de sus ciudadanos, pan, vivienda, trabajo, salud y formación para todas las edades, ya que sin ellas el normal desarrollo de cada uno de nosotros, como seres humanos libres y responsables que somos se vería comprometido irremediablemente.

Para los republicanos de izquierdas las responsabilidades que contraen los gobernantes de un estado moderno con la ciudadanía no pueden estar sometidas a las reglas de juego del mercado salvaje. Si nuestra alternativa republicana no lleva adosada una propuesta clara y radical a la actual situación de desigualdad social y crisis de los valores ciudadanos, nuestra propuesta no tendría ningún sentido, ni nada nuevo que ofrecer. Buena parte de la izquierda ha perdido su fe en sí misma al aceptar el juego del sistema capitalista de mercado por su aparente éxito económico sobre los sistemas socialistas del llamado bloque oriental. La desilusión, la derrota moral y la pérdida de esperanzas en un mundo mejor es el resultado del abandono por parte de los líderes de la izquierda actual con posibilidades de llegar al poder de las premisas básicas de la política social que ha caracterizado a los movimientos progresistas a través de su larga historia.

El estatuto que vamos a votar los andaluces el día 18 de Febrero es sin duda un buen estatuto de derechas, capaz de dar satisfacción a los sectores mas acomodados de la sociedad y dejando a los más desprotegidos en manos del sistema económico neoliberal. Es un buen estatuto de derechas en sintonía con la constitución monárquica de 1978 que rige hoy nuestros destinos, también de derechas, en sintonía con el proyecto varado de Constitución Europea que también es un buen proyecto de Constitución de derechas.

Es un estatuto que nos viene de arriba, que no es claro ni accesible a la comprensión, cargado de tecnicismos y de frases grandilocuentes, innecesariamente extenso. El Estatuto que vamos a votar los andaluces el día 18 de Febrero trata de enterrar para siempre las esperanzas de muchos andaluces en una Andalucía socialista, una Andalucía sustentada en los principios básicos de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

El estatuto que quieren darnos es un estatuto de concesiones y no de decisiones. Quienes somos federalistas estamos convencidos de que nosotros, los andaluces, somos quienes tenemos que decirle al Estado central cual es la forma de gobierno que queremos darnos y como queremos que sea nuestra relación con las demás naciones que integran España.

Si filtramos las palabras bonitas, las frases grandilocuentes que tratan de provocar impactos positivos a quienes lean el proyecto de estatuto para Andalucía, nos encontraremos con un proyecto de estatuto que deja las manos libres a las grandes empresas, nacionales y multinacionales, a la Iglesia, a los especuladores, a las bases militares extranjeras, mientras amordaza las decisiones de todo un pueblo que se sabe maduro y capaz de regir sus destinos sin trabas ni imposiciones centralistas.

* Salvador Crossa Ramírez. Secretario General de Izquierda Republicana de Andalucía.