ANDALUCÍA... SIN ADJETIVOS

Paco Albadulí

La otra historia del 28-F

            A pesar de que los partidos andaluces habían firmado el pacto de Antequera en 1978 para conducir la Autonomía andaluza por la vía más rápida y de máximas competencias, parece que esos ánimos de premura autonomista de los partidos “nacionales” se fueron enfriando en sus cuarteles generales queriéndose reconducir el proceso autonómico al “espíritu” del Título VIII de la Constitución que contemplaba dos clases de autonomías: Una auténticamente política que preveía además de un Consejo de Gobierno, un Parlamento elegido por los electores de la Comunidad y un Tribunal de Justicia. En este tipo de Autonomía política entrarían las Comunidades llamadas “históricas” por haber refrendado su Estatuto en la II República. Y otro tipo de autonomía de carácter administrativo en el que solo se contempla una mera descentralización administrativa.

 Pero en la Constitución se dejaba la puerta entreabierta a que otras Comunidades pudieran acceder a este tipo de Autonomía superando una serie de requisitos legales entre los que estaba la celebración de un referéndum que debía ratificar la iniciativa autonómica, según el artículo 151.1 de la Constitución mediante “el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.”. Pero como esta puerta les parecía a los partidos “nacionales” que estaba demasiado entreabierta y alguien podía colarse por ella, estos partidos (PSOE, UCD, PCE) idearon una ley de modalidades de Referéndum (aprobada dos meses antes de la consulta) en la que se exigía para la ratificación de la iniciativa autonómica la aprobación de la mayoría del Censo de cada provincia. Una decisión de dudosa constitucionalidad y sin precedentes en los países democráticos. Es por esta ley por lo que en Andalucía votaron en contra de la iniciativa autonómica, no sólo los que estaban a favor del No y de la Abstención, sino también los pasotas, enfermos, ausentes y difuntos que estando en el Censo no pudieron acercarse a votar a las urnas.

Cuando los partidos aprueban la Ley de Referéndum saben que están votando una ley para que no saliera adelante la iniciativa. Nadie en las cúpulas de esos partidos imaginaba que pudiera salir adelante un Referéndum con esas leoninas condiciones.

Pero a pesar de esas increíbles reglas de juego que se habían aprobado, algo debe alarmar a los “defensores de los intereses de Estado” que un mes y medio antes del Referéndum el partido del Gobierno decide hacer pública su decisión (supuestamente tomada con antelación) de abstenerse  (lo que en realidad supone oponerse) en el Referéndum andaluz a pesar de que habían propiciado con su voto afirmativo la adhesión del 97% de los Ayuntamientos a la iniciativa autonómica andaluza por el 151.

Otra sorpresa es la casi nula participación de las maquinarias electorales de los grandes partidos “nacionales” de la izquierda (sólo participan a última hora y quizás alentados por las perspectivas de acaparar la foto ganadora). Gran parte del aparato del PSOE en Andalucía, en manos del sector del secretario general del partido en Andalucía, José de la Borbolla, contrario a Rafael Escudero, deja prácticamente solo a éste y a su pequeño grupo de incondicionales en la campaña por el SÍ.

¿Era ese el pacto de los grandes partidos para que el tema autonómico se recondujera al espíritu constitucional, que la UCD se abstendría y los otros partidos prácticamente no se implicarían en la campaña y que con la “ayuda” de la Ley de modalidades de Referéndum harían zozobrar la iniciativa?

Posiblemente fuera así, pero no contaron con la cabezonería de Escudero, acorralado por su partido y al que sólo un triunfo en el Referéndum le redimiría, acompañado por un grupo de “creyentes” en la idea de Andalucía, tanto de su partido como de otros partidos e independientes como Paco Casero que se patearon Andalucía de cabo a rabo. Tampoco contaban con el empuje del pueblo andaluz ilusionado con una Autonomía que les sacaría del subdesarrollo y que les equipararía a las Comunidades más punteras.