El insurrecto

Antonio Manuel

El juramento de Serment

            El mismo día que alcadesa y concejales se subían asquerosamente el sueldo, la ciudadana Carmen Martín escribía una carta al director denunciando el divorcio entre la clase política y la sociedad. Señaló como síntoma la iniciativa popular de la plataforma “Andaluces por unas elecciones propias”. Y sugería como solución una reforma urgente de la ley electoral. Hace falta. Pero le advierto que cambiando la ley no se cambia la trampa. Nuestros gobernantes no son nuestros sino suyos. No de todos sino del número indispensable para seguir comiendo de la cosa pública. Los políticos son los únicos comerciales que cobran más por perder clientes. Lo ediles de Córdoba argumentan que esta subida los equipara con el resto de concejales andaluces. Mienten. La alcaldesa de Sanlucar se lo ha bajado a la mitad y me consta que otros no cobran siquiera. Lo justo sería que percibieran el sueldo medio de sus electores. O que nos lo suban a nosotros hasta los diez millones de pesetas que cobrarán ellos de media.

            La distancia entre políticos y electores es directamente proporcional a la que separa sus sueldos. Un divorcio lógico por explicable. Pero inadmisible. Las alarmas saltaron cuando dos de cada tres andaluces dieron la espalda a su estatuto. Que la abstención doblase el número de votantes no le restó validez pero sí legitimidad. Resulta curioso que la ley exija un quórum especial de vecinos para cambiar la fachada del piso, y le importe un rábano cuántos apoyen la norma más importante de Estado o de una parte del mismo. Claro que me preocupa la reforma de la ley electoral. De hecho, yo soy uno de los redactores de la iniciativa. Pero lo que más me preocupa es que no le preocupe a nadie. Ni a los proveedores, ni a los comerciales, ni a los clientes de esta ruinógena democracia representativa. A los políticos no les quita el sueño la abstención mientras no les afecte al sueldo. Los proveedores apoyan sus campañas a cambio de un sitio en el olimpo de las decisiones. Y la gente ha asumido su papel de espectador en una película que no protagoniza ni dirige: la rendición de las masas.   

El pueblo suizo configuró su identidad política mediante un juramento sencillo y modélico (Serment, 1291): 1.- Aquello que nos une es el respeto por la diferencia; 2.- Nadie pagará protección al poder, ni admitirá otros administradores que los elegidos en cada circunscripción por sufragio directo; 3.- Nadie podrá hacer del gobierno un medio de vida, con mandatos muy breves y siempre irrelegibles. Justo el antónimo político de lo que padecemos. Yo entiendo a la gente que pasa y a los que denuncian el pasotismo de la gente. Pero no los respeto porque les queda una tercera opción: el activismo. A nadie escapa la burda manipulación que supone privar a los andaluces de un debate electoral propio. Sólo Andalucía vota a sus representantes autonómicos a la vez que a los estatales. Yo seré uno más de los que busque 75.000 firmas para intentar que no se reproduzca este atentado electoral contra Andalucía. Y no solicitaré que me suban el sueldo por ello. Quizá porque soy un andaluz que se siente democráticamente suizo.