M O D E L O    E C O N Ó M I CO 

            La división internacional del trabajo

y la mundialización de la economía

 

            Los últimos años de la década de los sesenta marcan el punto de partida de un proceso que aún continúa y que ha supuesto una profunda transformación en la organización del desarrollo económico a escala mundial. Su característica fundamental es la creación de unas nuevas condiciones para la valorización y acumulación del capital en el mundo, contribuyendo a ello notablemente las modificaciones operadas en el campo de los transportes y las comunicaciones.

 

          El desplazamiento de actividades de unos países a otros fue la primera consecuencia de estas nuevas condiciones, buscando mayores grados de rentabilidad, y la consiguiente creación de un mercado mundial de mano de obra barata, lo que pondría en cuestión la tradicional división internacional del trabajo entre países desarrollados y subdesarrollados. En este contexto, las grandes firmas -y otras no tan grandes-, encontrarían nuevas referencias para su estrategia empresarial, menos vinculadas a los marcos nacionales tradicionales.

 

          La reorganización de la división social del trabajo en el mundo trajo como consecuencia, entre otras, el empeoramiento posicional de Iberoamérica, Asia y África. El crecimiento de una industria ligera, de una pantalla de infraestructuras de aspecto llamativo, impide ver el desarrollo de una brecha industrial y tecnológica entre las naciones ricas y pobres. En este caso, las últimas pagan un precio excesivo por esta "tecnología", calculándose su deuda externa en más de un billón quinientos mil millones de dólares. Deuda que está en el orden de los ingresos nacionales totales de los pueblos subdesarrollados, es decir, dado que están al nivel ínfimo de subsistencia, no tienen medios de pago, excepto hipotecar eternamente su trabajo y el de sus hijos al imperialismo.

 

          La deuda externa se ha convertido en un mecanismo de subyugación trascendental para que el Norte imponga su modelo al Sur, haciendo más dependientes, cada día, las economías de los países del "Tercer Mundo" del "libre mercado" mundial. La idea, vendida por los propagandistas del sistema, de que pagar la deuda es esencial para que los países pobres tengan una buena reputación financiera, es una más de las varias escenificaciones de una gran mentira y una mayor estafa. El registro histórico revela que incurrir en la deuda bajo dudosas circunstancias y pagar anteriores préstamos ilegalmente contraídos por gobiernos no representativos, pone en peligro la reputación financiera a largo plazo y la integridad del sistema socio-económico del país, conduciéndolo a su desplome financiero.

 

            Es muy ilustrativa la experiencia sufrida por el pueblo argentino entre 1976 y 2001. Una parte importante de la deuda pública externa e interna fue ilegal-mente contraída y tuvo una pequeña utilidad al desarrollo. El pleito lanzado por un economista argentino, Olmos, contra el pago de la deuda externa, reveló que las deudas privadas extranjeras del Citibank, del First National Bank, del Deutsch Bank, del Chase Manhattan Bank y del Bando de América, fueron asumidas por el gobierno argentino. Durante el juicio, también se documentó cómo la dictadura argentina y los regímenes subsecuentes pidieron préstamos en el extranjero para fortalecer la moneda y así, facilitar capital circulante en dólares. Estos préstamos fueron directamente al Banco Central, que puso los dólares a disposición de los más ricos..., quienes rápidamente los pasaron a sus cuentas en el extranjero. Entre 1978 y 1981 más de treinta y ocho mil millones de dólares se evadieron del país. La mayoría de los préstamos extranjeros fueron usados para financiar las aperturas “económicas”, para importaciones de lujo y compras de género impro-ductivo, especialmente equipamiento militar. El caso Olmos apuntó a una fuente perversa de gran endeudamiento: el régimen argentino pidió préstamos interna-cionales a los tipos de interés más elevados para, posteriormente, depositar los fondos en los mismos bancos prestamistas a los tipos de interés más bajos, dejando unas pérdidas netas de varios miles de millones de dólares, agregados a la deuda externa.  

 

            Sin duda, la alternativa a todo esto no es otra que la revolución social, la cancelación de toda la deuda y la vuelta a empezar sobre unas bases nuevas y totalmente diferentes, fuera de las garras de los EE.UU., el FMI, la OCDE y la U.E. El miedo a la revolución popular y al hambre, es usado por el imperialismo como un arma, un arma muy real y efectiva, contra los estados independientes, para mantener bajos los precios de exportación de las materias primas. Lo que afecta en gran medida a la burocracia y/o burguesía local, que no se puede convertir en alternativa y prefiere permanecer dentro de la irracional estructura imperialista por miedo a las "tormentas sociales" fuera de ese marco. En la mayoría de los países latinoamericanos se ha profundizado el abismo entre las pequeñas capas de ricos y las grandes masas de pobres. Sin embargo, en algunos países se registra un nuevo potencial de protesta integrado por capas medias pensantes que formulan su descontento en voz alta, sintiéndose enga-ñadas en sus aspiraciones de un ascenso social.

 

          El elemento material que confronta permanentemente a la burguesía o burocracia de los países semicoloniales o colonizados económicamente con el espectro de la revolución o el hambre, es la existencia de más de quinientos millones de desempleados de carácter crónico, localizados masivamente en barrios marginales alrededor de enclaves urbanos (Kinshasa, Río de Janeiro, Johannesburgo, Seúl, Tánger, Lagos, Bombay, etc.) y en las llamadas "reservas de subsistencias" o las tradicionales de trabajo barato. La segunda consecuencia, no menos importante, sería la creciente división y fragmentación de los procesos productivos. Este fenómeno, que ha ido desarrollándose paulatinamente durante los años comprendidos entre 1970 y 1990, plantea la necesidad de analizar, no sólo la nueva especialización productiva y la división internacional del trabajo, sino también el desplazamiento de la generación de valor desde una a otras fases del proceso económico.

 

          En efecto, si el período transcurrido durante las primeras décadas de la posguerra se caracterizó, entre otras cosas, por la producción estandarizada y en masa como fuente principal de generación de valor (no podemos olvidar las superplusvalías obtenidas en las colonias y semicolonias, tres veces superiores a las de los países imperialistas), asociada a las innovaciones tecnológicas y a la organización del proceso de trabajo en los países industrializados, en el momento actual, además del ya mencionado creciente desplazamiento de muchas de esas actividades hacia países de la periferia, se observa una preocupación cada vez mayor por la búsqueda de nuevas formas de valorización del capital. Éstas aparecen muchas veces vinculadas con la venta de bienes y servicios con destino a segmentos específicos del mercado, los cuales se hallan sujetos a un proceso constante de innovación y de perfeccionamiento en un contexto mundializado y sumamente competitivo.

 

          Para el gran capital, la preocupación por los elevados volúmenes de producción se va desplazando paulatinamente hacia la preocupación por el alto valor. Esto, que resulta evidente en toda una amplia gama de bienes y servicios relacionados con el software informático, las telecomunicaciones, los transportes, etc., incide también, de manera creciente, en otras ramas del proceso productivo.

 

          Todo lo anteriormente expuesto afecta decisivamente a la propia estructura de muchas empresas, las cuales no requieren ya de los mismos activos fijos, sino que, por el contrario, necesitan de una gran flexibilidad y versatilidad, reduciendo constantemente gastos generales y plantilla fija. Así, concesionarios, empresas dedicadas al alquiler de equipos (leasing), franquiciados, el comercio electrónico, equipos de marketing, etc., forman parte de un entramado empresarial, cada vez más complejo y disperso, que está en la base de la fragmentación del proceso productivo antes aludido, lo que, por otra parte, se plantea en un marco que desborda con mucho las fronteras nacionales.

 

          Las repercusiones de estas alteraciones en la vinculación de muchas grandes empresas con las economías nacionales son importantes, por más que, de cara al mercado, los cambios de "marca" sean imperceptibles, permaneciendo los consorcios, alianzas temporales, modificaciones en la propiedad, etc., en el conocimiento de reducidos sectores. Desde la óptica del comercio internacional, este proceso de fragmentación parece llevar aparejado un creciente aumento de la participación en el mismo de bienes intermedios, componentes y servicios diversos, hasta el punto de que, cada vez, resulta más difícil aproximarse a la realidad de los intercambios a partir de las estadísticas convencionales. Por otra parte, la nacionalidad de muchas grandes empresas sufren diferentes metamorfosis, mediante asociaciones y acuerdos específicos diversos, según sean las conveniencias de cada coyuntura, lo que se halla, casi siempre, relacionado con los mayores o menores grados de proteccionismo existentes en los distintos mercados nacionales.

 

            ¿Existen, hoy día, economías nacionales?

 

            Difícil responder a esta pregunta, ya que la simple definición de "economía nacional" requeriría de no pocas precisiones y acotaciones. Teniendo en cuenta aquello que nos interesa, abordaremos dos aspectos: los referentes a la propiedad y a las estrategias de las empresas y los relacionados con los marcos de regulación de la economía.

 

          Refiriéndonos a la primera de estas cuestiones, además de lo mencionado anteriormente sobre los cambios en el proceso económico global, resulta de interés analizar en qué medida afecta significativamente el factor "nacional" en la propiedad de las acciones de muchas empresas. En este sentido, la liberalización de los flujos internacionales de capital ha provocado grandes transformaciones en los mercados financieros, transformaciones que también han afectado a la compraventa de acciones. Así, entre 1988 y 1989, las inversiones transnacionales en acciones, con origen en Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Alemania, aumentaron en un 20%, existiendo además, como es sabido, fórmulas encu-biertas para superar los obstáculos de aquellos países que aún mantienen restricciones para la participación mayoritaria de inversores extranjeros en sus empresas. Desde esa fecha, hasta ahora, la tendencia continúa.

 

          Sin embargo, el tema de la propiedad no es el único que interesa a este respecto. No menos significativo resulta el hecho de que muchas de las inversiones en I+D se realizan en países distintos al del origen de las empresas (en los inicios de lo que ahora llamamos globalización -1986/1987- las compañías americanas incrementaron sus inversiones en I+D en el extranjero en un 33%, mientras que en el propio EE.UU. sólo lo hicieron en un 6%).

 

            Contrariamente a la opinión de la mayoría de los economistas neoliberales, gran parte de lo que se llama inversión extranjera consiste realmente en préstamos extranjeros de ahorros nacionales para comprar empresas locales e inversiones financieras. Los inversores extranjeros y las multinacionales se aseguran préstamos extranjeros respaldados por gobiernos locales. La mayoría de las inversiones efectuadas por el gran capital financiero van dirigidas a comprar empresas públicas -con beneficios- privatizadas y empresas privadas, adquiriendo mercados existentes y vendiendo o alquilando tecnología diseñada y desarrollada en la “oficina de la casa”. Desde finales delos años ochenta, más de la mitad de las inversiones extranjeras en América Latina fueron dirigidas a la compra de empresas normalmente por debajo de su valoración en el mercado. En lugar de complementar el capital local público o privado, las IE “empujan fuera” al capital local y a la iniciativa pública, minando los emergentes centros de investigación tecnológica.

 

          Las inversiones empresariales se orientan de manera creciente hacia aquellos países o zonas del mundo en donde las oportunidades son más claras (rentables), sin que el factor "nacional" resulte determinante a la hora de tomar decisiones.

 

          Por lo que se refiere a los marcos de regulación nacionales, han ido perdiendo relevancia a medida que ha aumentado la mundialización de los procesos económicos. El resultado de todo ello ha obligado a los gobiernos a considerar la desregulación de buena parte de la economía como la única salida para no quedar al margen de los flujos económicos. La flexibilidad de muchos grandes grupos empresariales de carácter internacional les permite anular, o al menos paliar considerablemente, la efectividad de no pocas herramientas clásicas de política económica, como los sistemas impositivos, el acceso al crédito, etc.

 

          La política contra la crisis se centra de forma unilateral en el logro de deter-minados equilibrios macroeconómicos, dejando en segundo plano otros objetivos básicos, como la solución al problema del desempleo.

 

El crecimiento del empleo temporal en España, que desde el año 2003 supera el 20%, ha provocado que ya tenga más trabajadores temporales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos, según datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de 2005. De acuerdo con los datos de esta encuesta, al terminar el mes de junio había en España más de cinco millones de trabajadores temporales. En el bienio 2004-2005, la tasa de temporalidad se ha elevado 2,5 puntos porcentuales, hasta el 33,3% (la cota más alta si exceptuamos los años 1994-1995), esta tasa es, además, veinte puntos superior a la media de la U.E., que se sitúa en el 13,6%.

 

Más allá de buenas o malas voluntades, estas soluciones parecen reflejar, en cierta medida, el menor margen de maniobra existente en los ámbitos nacionales, lo que se ha evidenciado más, a medida que ha ido avanzando la liberalización del movimiento de capitales en el mundo.

          Los poderes públicos compatibilizan el gobierno para los mercados con el gobierno para quienes les votan y pueden quitarles el poder. Esta es otra cara de la cuestión: pese a la disminución de los márgenes de maniobra en la elaboración de políticas "nacionales" (o menos benévolamente, desde su alianza con los sectores dominantes del capital), los gobiernos se ven obligados a responder a crecientes demandas de la sociedad o de grupos de electores, cuyo marco de referencia inmediato sigue siendo la nación. La crisis por la que atraviesa el modelo de representación parlamentaria no es ajena tampoco a este asunto.

          En primer lugar, parece evidente que algunos de los aspectos más característicos de los estados nacionales (sobre todo aquellos que dificultan la circulación de factores productivos) resultan particularmente negativos desde el punto de vista de los grandes grupos empresariales, lo que marcaría una tendencia hacia el debilitamiento de los marcos nacionales. Pero, en segundo término, no podemos dejar de valorar otros aspectos de la cuestión, como son los relacionados con la necesidad del capital internacional de contar con ámbitos de estabilidad política y social en los que queden a salvo el orden, la propiedad e incluso ciertos grados de regularización económica que garanticen su reproduc-ción. Y esto, en la actualidad, tiene al estado nacional como principal instrumento.

          La necesidad de huir de ciertos mecanismos típicos de análisis económicos convencionales obliga a considerar otros aspectos de la cuestión, como son los políticos, sociales y culturales. La historia de siglos no se modifica en unos pocos años, y resultaría absurdo pensar que las necesidades del capital transnacional son las únicas que determinan los ritmos de evolución de los sistemas políticos y las propuestas de cambio social.

 

            Necesidad de un nuevo marco para

las relaciones económicas internacionales

 

Es un hecho constatado que los servicios de inteligencia estadounidenses y las agencias estatales del sistema han penetrado en la sociedad civil y en la política, directamente o a través de organizaciones intermediarias, fundaciones u otros grupos aparentemente privados.

 

Esta penetración implica la financiación, influencia, control y estableci-miento de planes políticos-económicos que sirvan al sistema (principalmente a su abanderado, el estado imperial estadounidense) y a sus intereses financieros, industriales y comerciales. El control del sistema está especialmente dirigido a desestabilizar o presionar regímenes para conseguir su aquiescencia a las políticas por ellos establecidas, (la ingerencia en los asuntos internos de Venezuela es un claro ejemplo). Recientemente, el sistema ha ampliado su proyecto de penetración sumando a éste el de las guerras preventivas para derrocar “regímenes dictatoriales” (Afganistán, Irak) e instaurar “un sistema democrático”; colocando en el poder a personajes obedientes -algunos con el título de agentes de la CIA- y respaldados por organizaciones clientelares, financiadas e influidas por el sistema y el estado imperial.

          No obstante, la hegemonía norteamericana dista mucho de poderse ejercer con los mismos patrones de antaño, observándose un aumento de la competencia y una cierta dispersión del poderío económico entre distintos países. Pero, a la vez, la propia dinámica del capital transnacional cuestiona la posibilidad de que los estados nacionales puedan seguir desempeñando el mismo papel que hasta ahora en la economía mundial. La resultante de todo esto no va en la dirección de un orden internacional más equilibrado y justo; por el contrario, la creciente desigualdad, la extensión de la pobreza, los graves problemas medioambientales y la violación de los derechos humanos constituyen aspectos básicos de la realidad del momento en que vivimos. En medio de todo ello, el resurgir del nacionalismo aparece como respuesta ante un panorama que se dibuja con trazos inciertos.

          La dinámica de transnacionalización genera día a día nuevas desigualdades y dificultades para el establecimiento de un orden más justo y solidario. La ideología neoliberal, que pretende pasar por encima de consideraciones nacionales, culturales o sociales tiende, a la vez, a ser ajena al bienestar de los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Desde ese punto de vista, la defensa de la diversidad, de la soberanía política y cultural, del derecho de cada pueblo a organizar su convivencia sin imposiciones del exterior, aparecen como referencias casi obligadas a la hora de poner coto a las tendencias más negativas de la mundializada economía actual.

          El problema de la democracia, es decir, DE LA AUTOGESTIÓN SOCIAL, adquiere aquí un papel central, ya que una de las características principales del proceso de globalización es su dificultad para ser controlado por los ciudadanos, sin que de ello deba deducirse que los marcos nacionales o locales implican, por sí solos, la existencia de una garantía democrática.

          Hoy en día, la apropiación privada no tiene un valor tan determinante como lo tuvo en el pasado; sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante: LA GESTIÓN ES PRIVADA Y PARCIAL, de hecho, la gestión se realiza en defensa de intereses privados y parciales. No hay que despreciar, en este sentido, el ejemplo claro del modelo de estado de los países del Este europeo, que realizaban una gestión parcial, según los intereses de una casta.

          No obstante, la solución global a los graves problemas económicos, sociales y ecológicos difícilmente puede encontrarse en el marco de los estados-nación actuales, ni basándose en estrategias a corto plazo. Desde este punto de vista, adquiere gran importancia todo lo relacionado con la organización de la economía a escala internacional y las propuestas que puedan hacerse en esa dirección. Es imprescindible el establecimiento de un nuevo orden internacional para abordar las tareas básicas del desarrollo en el mundo (empleo, pobreza y redistribución, medio ambiente, democracia y derechos humanos, etc.), estas cuestiones tienen que abordarse en el marco de los estados nacionales y, paralelamente, en los organismos internacionales.

          En este contexto, la exigencia de un nuevo marco de regulación de las relaciones económicas internacionales no puede plantearse desde los presupuestos de décadas pasadas. Las contradicciones existentes entre mundialización (globalización) y desarrollo humano, junto al desdibujamiento del papel de los estados nacionales, deben constituir referencias obligadas para el debate.

            Un estudio publicado por el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo denuncia que, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, el ejercicio de estos derechos reflejo, en pequeña escala, la situación general imperante en el subcontinente, donde unos cuantos viven rodeados de lujo mientras las grandes mayorías siguen sumidas en la pobreza.

            “Los derechos económicos, sociales y culturales no son ejercidos en América Latina”, señalan el alemán Michael Krennerich y el colombiano Manuel E. Góngora Mera, autores de dicho estudio. Y continúan: “En muchos lugares estos derechos son violados a través de prácticas laborales de explotación, de discriminación, o debido a condiciones de trabajo indignas en plantaciones, en minas y empresas maquiladoras. Los campesinos son expulsados de sus tierras sin que reciban compensación alguna, son robados sin escrúpulos. Quienes padecen enfermedades crónicas carecen del derecho a la salud al no poder adquirir medicamentos debido a su alto costo”.

            El estudio también denuncia la miserable situación que impera en las escuelas públicas o la suspensión de pensiones a jubilados. Los investigadores hacen hincapié en que las mujeres, los niños y los viejos, junto a los indígenas, las minorías afroamericanas y las capas más pobres de población, se ven particularmente afectados.

            La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nos recuerda que un 44% de la población latinoamericana es pobre y un 14% vive en la pobreza más extrema. En países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Honduras, los pobres exceden la mitad de la población. En Honduras, concretamente, según la CEPAL, tres cuartas partes de la población es pobre y la mitad vive en una pobreza extrema.

          Afirmar, por tanto, los aspectos "nacionales" del problema, sin tener en cuenta el fenómeno de la mundialización, plantea graves limitaciones, sin que ello signifique renunciar a las transformaciones en el marco nacional. Un punto de vista basado en la cooperación y la solidaridad internacional (lo que exige unas nuevas reglas de juego que pongan freno a la dinámica del capital transnacional), puede permitir avanzar en propuestas locales de reestructuración económica en una dirección de progreso.

          Hoy, más que nunca, adquiere plena vigencia la vieja máxima de los movimientos ecologistas: "Pensar globalmente, actuar localmente".

            La alternativa

            Entre 1970 y 1990, la población mundial pasó de 3.600 millones a 5.300 millones de habitantes; el número de coches de 250 a 560 millones; el consumo de gas natural de 837.000 a cerca de 2 billones de metros cúbicos; y la capacidad de las centrales eléctricas de 1,1 a 2,6 millones de megavatios.

          En 1971, daba la impresión de que se tardaría varias décadas en llegar a los límites materiales en la utilización de muchas materias primas y en el gasto de energía. En 1997, nuevos datos demostraron que la explotación de muchos recursos y la acumulación de sustancias tóxicas en el medio ambiente, ya habían superado los límites de lo tolerable a largo plazo, a pesar de contar con tecno-logías más desarrolladas, de la creciente conciencia ecológica y de haberse aprobado leyes medioambientales más rigurosas. Ahora, cuando comenzamos el siglo XXI, el panorama de futuro se presenta aún más desolador.

          El tema poblacional es de vital importancia para el futuro. Ninguno de los problemas discutidos en las distintas Cumbres de la Tierra sería realmente grave, si sólo hubiera que proveer de alimento, vestimenta y vivienda a quinientos millones de personas en el mundo. Sin embargo, y aunque parezca extraño, el tema demográfico ni siquiera se incluye en el orden del día en las conferencias de Medio Ambiente y Desarrollo, al parecer, como una concesión al Vaticano y a algunos países islámicos.

          Una estimación de las Naciones Unidas prevé una población mundial de diez mil millones de personas para el año 2050. Desde una perspectiva política, el dramático crecimiento demográfico genera, de forma inevitable, conflictos por el control de la tierra y de las materias primas (Ruanda, Zaire, India, Pakistán, etc.). No se puede excluir la posibilidad de que las masacres producidas en los anteriores países se extiendan a otros territorios, ni el posible inicio de terribles guerras (aún más importante), dado el riesgo que tendrían las mismas para la estabilidad político-militar mundial.

          El efecto invernadero puede agudizar la situación de manera trágica. Imaginemos qué ocurriría si millones de personas en Bangladesh perdieran su país debido a la subida del nivel de los océanos. Sólo con el crecimiento demográfico se calculan oleadas de emigración a todos los continentes, sin contar con el efecto invernadero. Por tanto, no sólo interesa a los pobres, sino también a los ricos, detener este crecimiento.        

            La población mundial aumenta en casi cien millones de personas por año. El 95% de este incremento corresponde a los países en vías de desarrollo. No obstante, hay que señalar que, estadísticamente hablando, cada estadounidense recién nacido supone una carga mayor para el medio ambiente que veinte hindúes o bengalíes. Si partimos de la base de que el crecimiento del consumo mundial per cápita es de tan sólo un 1,5% anual (desde hace años, este crecimiento en China se sitúa en torno al 8%), dicho consumo se habrá duplicado para el año 2050. Si entonces diez mil millones de personas habitan la Tierra, el resultado será una cuadruplicación del consumo correspondiente al del final del siglo XX.

          Es fundamental detener el crecimiento demográfico o al menos ralentizarlo, para ello se hace necesario mejorar el nivel de bienestar de los ciudadanos en esos países, desarrollar una política familiar activa, mejorar la posición de las mujeres en la sociedad, así como su formación escolar y su independencia económica. En definitiva, estimular la toma de conciencia de su propio valer. Hay que tener en cuenta que, en este tema, desempeñan un papel básico los factores religiosos y culturales. Tenemos que revisar ampliamente las prácticas y actua-ciones políticas que favorecen el crecimiento del consumo y de la población y, por otra parte, hay que incrementar de manera radical la eficiencia en la utilización de la energía y el efecto útil de los recursos materiales.

          Un modelo económico que permita la transición a una sociedad justa, viable y duradera, exige un equilibrio cuidadoso entre objetivos a largo y a corto plazo: se ha de hacer más hincapié en un abastecimiento suficiente, en una distribución justa y solidaria; más en la calidad de vida y menos en la cantidad de productos. Para ello, antes que mera productividad y tecnología, se precisa justicia social, solidaridad y sabiduría. 

          El modelo de sociedad que ofrecen los países industriales o "desarrollados" no es generalizable a escala planetaria, porque los niveles de producción alcanzados en esos países están construidos sobre un déficit creciente de energía y materias primas no renovables y, sobre todo, porque están causando una degradación ambiental que sólo puede sostenerse mediante la apropiación de la energía y las materias primas de los países del mundo no industrial o "no desarrollado" y mediante el colonialismo ecológico que sobre ellos se ejerce.

            Bienestar social contra volumen de negocios

            En la fase inicial de la industrialización, el IBES (Índice de Bienestar Económico Sostenible) y el PIB (Producto Interior Bruto) avanzaron, en gran medida, paralelamente. En la fase actual, este paralelismo da la impresión de desaparecer. Las dos líneas empiezan a separarse en los países altamente industrializados a partir de mediados de los años setenta.      

          No existen explicaciones simples para entender la creciente discrepancia entre el crecimiento económico y el bienestar real. Un claro ejemplo es la contaminación medioambiental, que contribuye de manera positiva al PIB, incluso cuando se lucha contra ella con gran esfuerzo (y gran volumen de negocio). Hay otro aspecto más significativo para el IBES: la calidad de vida disminuye para la mayoría de las personas cuando el reparto de los ingresos se torna más injusto, aunque al mismo tiempo aumente el rendimiento de la economía. Probablemente esto se relacione más con la radical apertura de los mercados mundiales que con una fase tardía del desarrollo industrial.

          El PIB no está definido como un parámetro del bienestar, sino que mide las actividades que se pueden reflejar como bienes y servicios producidos y, algo más, los puestos de trabajo, por tanto, los ingresos fiscales y la situación de las finanzas del estado. El PIB, posiblemente, nunca más transcurrirá paralelamente al IBES. Los accidentes, la criminalidad, los problemas medioambientales y las diferencias entre ricos y pobres seguirán perjudicando al bienestar real, de tal modo que éste irá cojeando detrás del volumen de negocios. Por otra parte, la continua "racionalización" del trabajo hará que se pierdan cada vez más empleos.

          La terciarización de la industria

          Cuando se busca una solución al problema del paro, siempre se pronuncia un término clave: el sector terciario. Palabra que define y engloba a las industrias dedicadas a los servicios. La transición histórica de un mundo laboral dominado por la industria (sector secundario) a uno dominado por los servicios, se llama terciarización.

          La terciarización de los países altamente industrializados avanza sin parar. En Estados Unidos, el porcentaje de los puestos de trabajo industriales ya se encuentra por debajo del 20%, y en Alemania alrededor del 40%, con tendencia a la baja. Una parte importante del cambio estructural ecológico dentro del sector industrial se puede calificar de "terciarización de la industria". ¿Es esto una contradicción? En absoluto. Dentro de la misma industria, ya existe una tendencia a buscar al cliente mediante la especialización de productos y la inclusión de éstos en paquetes de servicios. Muchos medicamentos, por ejemplo, se comercializan en gran parte dentro del marco servicios. El alquiler de productos químicos, de maquinarias, el arrendamiento financiero de material y equipos informáticos, así como los negocios intensivos de mantenimiento, son otros ejemplos.

          La industria (principalmente la pequeña y mediana de capital nacional) está reaccionando en parte a las condiciones de mercado de una sociedad "del bienestar" saturada de mercancías y descubriendo, también, que los paquetes de servicios pueden ser un método para competir con las ofertas baratas de productos fabricados por las multinacionales en países en vías de desarrollo.

          En este proceso de terciarización del sector secundario, que los puestos de trabajo se atribuyan estadísticamente al secundario o al terciario es indiferente para todos los implicados. Lo importante es que dicha tendencia no se use para seguir inundando a los consumidores y al medio ambiente con mercancías y servicios superfluos, sino para aumentar la duración de los productos y para una mejora revolucionaria de la productividad de los recursos.

          Desde posiciones de progreso, es obligatorio desmitificar la noción de necesidad que se imbuye día a día en la actual civilización, exige eliminar también otras ideas vinculadas a ella en el cuerpo doctrinal de las ciencias económicas, entre las que figura la noción de producción que se presenta hoy como objetivo indiscutido de la humanidad, dado que constituye el reverso de la noción de consumo, que desemboca en la noción de necesidad a través de la axiomática que liga el consumo a la satisfacción (de necesidades) y, por tanto, al bienestar y la felicidad de las mujeres y de los hombres.

            Comercio justo, verde y libre de usura

            La competencia global se considera cada vez más una amenaza para el ciudadano. Tanto la economía clásica como la política conservadora-liberal y socialdemócrata, la utilizan como motivo y justificación para dar marcha atrás a ciertas políticas sociales y medioambientales ya decididas y para reducir puestos de trabajo. Existe una justificación típica: "No podemos permitirnos los costes adicionales. Si exigimos elementos correctores a nuestras industrias que son una carga para la naturaleza (química, papel, transformación de minerales, etc.) éstas emigrarán (política de deslocalización); lo cual sería aún peor para los ciudadanos (desempleo) y para el medio ambiente". Esta afirmación demuestra que el sistema no funciona. Significa que el mundo no puede permitirse este tipo de "libre mercado", porque impide que los únicos agentes que tienen capacidad de actuación en política medioambiental -es decir, los Estados Unidos- se tomen en serio la protección del medio ambiente.

            Casi un año después de rechazar la propuesta de retirarse paulatinamente de los combustibles fósiles, el Banco Mundial anuncia un nuevo intento por afrontar el cambio climático -trabajar juntos para derrotar el calentamiento- algo surgido de la cumbre del G-8 celebrada en julio de 2005. Realmente, es sorprendente el historial de hipocresía y falta de acciones del Banco Mundial cuando le toca responder al cambio climático desde dentro de sus muros institucionales.

            Quienes observan el comportamiento de este organismo internacional se percatan de lo poco que ha hecho por llevar a cabo intentos sinceros para disminuir su propio impacto sobre el clima. Por desgracia, si logra más poder como resultado del mandato del G-8, podrá desatar desastres para el marco de trabajo de Naciones Unidas (que lleva años analizando la posibilidad de una estabilidad energética) debido a que la industria petrolera y Estados Unidos atan los bolsillos a los políticos estadounidenses.

            La norma imperial del “libre mercado” se impone repetidamente a los pueblos latinoamericanos. Hora mismo, en Brasil, Paraguay y Argentina, el monocultivo de soja modificada genéticamente está provocando la destrucción de la agricultura sustentable en amplias zonas de las áreas rurales. A pesar de ello, la experiencia en Honduras y Nicaragua nos indica que aquellas comunidades rurales determinadas a no abandonar sus hogares, conseguirán su objetivo. Y lograrán sobrevivir mediante la producción de alimentos de subsistencia, los trabajos variados en centros urbanos próximos y las remesas ocasionales de dinero desde el extranjero. Aquellos que renuncian a la vida rural, emigran a los centros urbanos o al extranjero. A nivel nacional, la soberanía alimentaria en los países pequeños se ha convertido en algo que pertenece al pasado.

          El "libre mercado" se ha convertido en una amenaza incluso desde el punto de vista de la política de seguridad, sobre todo si tenemos en cuenta la concepción que tienen del mundo los partidarios del libre comercio, muchos de ellos belicistas (Richard D'Aveni en su libro Hypercompetencia -1994-, plantea que "la competencia es la guerra"). La moral y la ética no existen. Ya que la competencia adopta rasgos belicistas en el ámbito internacional, no es de extrañar que se deriven tensiones sociales en los ámbitos nacionales. Nadie puede ocultar que el trabajo y el capital se mueven asimétricamente y que esta asimetría ha generado una evolución muy diferente de los ingresos.

          Evolución que comenzó aproximadamente en 1981, cuando Ronald Reagan pasó a ocupar la presidencia de los EE.UU. Su objetivo de un comercio mundial sin restricciones fue una de las grandes prioridades de su gobierno, y arrastró a los países aliados. En la conferencia del GATT -Punta del Este (Uruguay) 1986- consiguió el apoyo de la mayoría de los gobiernos del mundo. De esta conferencia surgió la "Ronda de Uruguay" del GATT, que estableció las medidas favorables al libre comercio más radicales habidas hasta el momento, y concluyó en 1994 con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

          La campaña triunfal de la doctrina del libre comercio generó importantes programas de reducción de costes en los países industrializados, tanto en la industria como en otros sectores de la economía, acelerándose la muerte de las pequeñas y medianas empresas y de las explotaciones agrícolas. Todos los países que tenían un sistema de seguridad social se vieron forzados a recortarlo o desmontarlo. ¿Quién puede hoy negar la relación causal entre el libre comercio y los recortes sociales?

          A nivel mundial, la libertad de movimientos de capitales, disminución o eliminación de aranceles, libre movimiento de productos, etc., está provocando una homogeneización de las economías y de las políticas económicas. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) terminó su reunión a finales de junio de 2005 en un ambiente de pesimismo general, porque no llevó a cabo ninguno de los preacuerdos previstos sobre cuestiones clave. “La situación es decepcionante, pero no desastrosa”, declaró el saliente director general, Supachai Panitchpakdi, tratando de sacar la mejor conclusión posible de una mala situación.

            Las últimas reuniones deberían haber producido “primeras aproximaciones” hacia los textos de Hong Kong, pero no se logró ningún acuerdo en materia de agricultura, aranceles industriales y servicios, ni un trato especial para los países en desarrollo. Estos países pretenden que los industrializados recorten sus subsidios y aranceles agrícolas, para poder introducir sus propios productos en los mercados del Norte. Sin embargo, los países ricos presionan a los pobres para que reduzcan drásticamente sus aranceles de importación a los productos industriales y abran sus servicios (banca, comercio minorista y mayorista, energía, telecomunicaciones, servicios legales y de arquitectura) a la inversión extranjera.

            La mayoría de los países en desarrollo están alarmados por estas presio-nes, pues ya se han liberalizado y sus empresas apenas pueden competir con las extranjeras. Una mayor apertura significaría forzarlas al cierre. Como ya se ha demostrado, cuando los aranceles a las importaciones se recortan muy rápida y drásticamente, se pone en peligro una gran porción de mercado e incluso la supervivencia de las empresas y los agricultores nacionales.

            Lamentablemente, las empresas de los países en desarrollo ni siquiera conocen las negociaciones de la OMC y los efectos que pueden tener sobre ellas en el futuro. Por lo tanto, no están en condiciones de presionar a sus gobiernos. Los agricultores y los conglomerados industriales de los países ricos, por el contrario, presionan tanto que prácticamente dirigen la política comercial de sus gobiernos.

            En este contexto, el margen de maniobra de la derecha o de la izquierda clásica es el mismo y muy limitado. La importancia excesiva que la izquierda tradicional le da al estado como ente regidor, organizador y planificador, se diluye en parte por los límites y líneas marcadas, desde fuera por la economía global y, desde dentro, por la utilización del estado como instrumento para la defensa de intereses burocráticos y privados.

            Los partidarios del libre comercio dirán, sin duda, que Europa y Estados Unidos deben sentirse contentos por haber reforzado su competitividad mediante el mercado interno, la NAFTA y la CAFTA. Y, aunque el acuerdo de comercio para todos los países de América (ALCA) no ha logrado salir adelante, EE.UU. ha conseguido imponer el Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA) en los países de su entorno más cercano. Este acuerdo, que ha sido forzado mediante la presión y el soborno en el Congreso Norteamericano, provocará terribles consecuencias en los países pobres que lo apliquen.

            El gobierno de EE.UU. y sus aliados han trabajado durante mucho tiempo para convencer al pueblo latinoamericano de que organizar la agricultura de sus propios países con el fin de satisfacer el consumo interno es antieconómico. Se supone que se sirve mejor a los consumidores mediante importaciones baratas de alimentos provenientes de los Estados Unidos, que abonando un precio justo al campesino de su país. De esta manera, EE.UU. y sus aliados corporativos de la agroindustria aumentan su control en las economías agrícolas de países enteros. Así, México, por ejemplo, que fue en gran parte autosuficiente en producción de arroz, importa ahora más del 80% de su consumo, proveniente, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica.

            De esta manera, los promotores del sistema podrán mantener inmensas reservas de mano de obra barata en condiciones de casi total dependencia, con bajos salarios y en puestos de trabajo inseguros. Los dañinos costes nacionales de despoblación rural, de miseria urbana y de privación social, no cuentan. Este sistema no sólo significa inmensos beneficios para las corporaciones globales de la agroindustria, también provocará la subyugación política de los países en cuestión, ya que el imperio controlará la seguridad alimentaria de esos países.

            Los compromisos del CAFTA provocarán que la producción agrícola centroamericana para el consumo interno se vea diezmada irrecuperablemente en pocos años y debilitarán considerablemente la capacidad de los gobiernos nacionales para resistirse a la privatización del agua. A partir de ahora, el campe-sino para poder comer deberá comprar los víveres a empresas multinacionales, se acabó la economía de subsistencia.

            Así las cosas, cada gobierno latinoamericano actúa según el margen de maniobra que se puede permitir. El gobierno de Colombia “negocia” con los Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que lesionará gravemente la soberanía del país, el patrimonio estatal, los bienes públicos, el desarrollo económico y el bienestar del pueblo. En Nicaragua, los legisladores tratan de asegurar leyes que permitan una cierta protección a sectores vulnerables. En Costa Rica, la aprobación legislativa del CAFTA no es algo aún seguro. En Ecuador, los trabajadores y las autoridades municipales se encuentran en conflicto abierto con el gobierno del país. La defensa radical de sus soberanías por los pueblos de Venezuela, Bolivia y Ecuador ha impedido, hasta ahora, acuerdos de venta de sus derechos legales e históricos en los Andes. Mucha gente en los países andinos insiste en resistir la burda intimidación y el empleo de engaños que ha caracterizado la negociación estadounidense del CAFTA y la ratificación resultante. El modelo de integración regional propuesto por Venezuela, hace que la propaganda de “libre comercio” del tratado resulte tan ridículamente interesada como lo es en realidad.  

          En este marco, la reflexión sobre la sociedad actual debe generar un nuevo modelo de hacer política social y transformadora, que no puede tener como único y principal objetivo el acceso al estado, por la vía que sea, para, una vez instalados, utilizarlo como instrumento con el que transformar la sociedad. Ya que nos encontraríamos con que está diseñado para mantener la situación. Se hace, pues, necesario un compromiso con la sociedad para intentar cambiar el sistema desde la actuación ciudadana. Hay que superar el pesimismo que nos induce a pensar que los valores del capitalismo, en sus últimas manifestaciones, con el valor supremo de lo privado y del individualismo, por el momento, han vencido a cualquier alternativa social que cuestione el actual sistema.

            En los últimos años, la manipulación y el sometimiento de considerables sectores de la llamada “sociedad civil” se ha convertido en un elemento igualmente importante del control social, cultural e intelectual. Los medios de comunicación -instrumentos fundamentales del poder ideológico-cultural del sistema- definen por regla general como sociedad civil a las “organizaciones no gubernamentales” (ONG), muchas de las cuales se financian al calor del poder y actuando como agentes, consultores o subcontratistas para gobiernos extranjeros o para instituciones internacionales como el Banco Mundial. Desde los años noventa y, ahora más, en la primera década del siglo XXI, la penetración estado-unidense y la organización de “tropas de choque” -aparentes organizaciones de la sociedad civil- han servido como ariete para derrocar regímenes y organizar resultados favorables a los intereses del imperio

          La desarticulación social de lo colectivo es un efecto, una consecuencia de la estructura económica neoliberal, de las formas de producción y consumo; pero también una necesidad. La aspiración totalitaria de los neoliberales y del capitalismo se asienta en la pretensión de que todas las personas se relacionan entre sí, en cualquier aspecto de sus vidas, intermediadas por el mercado. La salud, la cultura, la educación, la alimentación, el vestir, el ocio, la comunicación, la información, el bienestar, la vivienda, el emparejamiento, el movimiento, el sexo, las relaciones humanas... la vida al completo, debe ser, es, materia de intercambio comercial, de negocio.

          Ante estas expectativas, la necesidad de la PLANIFICACIÓN DEMOCRÁ-TICA y la AUTOGESTIÓN SOCIAL se pone cada día de manifiesto con mayor fuerza y sentido, especialmente desde la perspectiva de la justicia social (solidaridad activa con los pueblos subdesarrollados) y del agotamiento de los recursos naturales, al que el mundo actual nos aboca irremediablemente.

Esta alternativa sólo se puede basar en la más completa profundización de la democracia, del antiautoritarismo, de los valores colectivos, frente a lo individual. No se trata de "asaltar" un estado, que es mero instrumento de un objetivo de desarrollo económico parcial, sino de subvertir estos valores, ofreciendo alternativas de autoprotagonismo social para articular la sociedad civil.

          Es necesario reconocer que el libre comercio se ha impuesto ampliamente, provocando un retroceso de la política medioambiental y social (con el aumento de las desigualdades) en los países altamente industrializados, a la vez que ha estado presente en las crisis financieras de los países asiáticos y sudamericanos, no preparados para la eventualidad y ha alterado el desarrollo económico de las regiones europeas más atrasadas, como Andalucía.

Por todo ello, planteamos y preguntamos, ¿qué ocurriría si desde un poder andaluz propusiéramos?:

          - Normas de eficiencia sumamente ambiciosas para vehículos y otros bienes comerciales contaminantes.

          - Reforma fiscal ecológica. Cobrar, a fin de evitar desventajas para nuestros sectores intensivos de energía, un derecho aduanero por la energía.

          - Fijar restricciones a la importación de productos agrícolas y ganaderos procedentes de producciones muy intensivas en energía y sin control sanitario.

          - Demostrar que nuestra producción agrícola tradicional es de una gran eficiencia energética, con lo que quedaría justificada la prohibición de importar simientes de alta tecnología, que sólo se pueden aprovechar en una agricultura intensiva en energía, así como la prohibición de los productos transgénicos.

          - Gravar con impuestos las materias primas, para proporcionar una ventaja competitiva, dentro del país, a las materias secundarias obtenidas mediante reciclaje.

          - Recortar las subvenciones en el sector del transporte internacional de mercancías.

          - Apoyar la instalación de industrias tradicionales y no contaminantes.

          La lucha contra la usura

          Todo lo que sucede en materia de intercambio o comercio tiene su base en la transacción. La facticidad del comercio es la transacción, la totalidad de las transacciones constituyen el comercio. Hecha esta concreción, nos preguntamos: ¿cuál es el sentido de la transacción? para nosotros debe ser la equidad.

          La equidad (o comercio justo) tiene dos principios inseparables:

          - La libertad de comercio en el mercado, que consiste en la libre concu-rrencia y competencia de personas y productos, sin imposiciones ni tasas no justificadas.

          - La igualdad de valores en el trato, que consiste en el adecuado tratamiento de cada mercancía de acuerdo a su naturaleza (alquilable o no alquilable), la exacta determinación de la cantidad, calidad y precio de los bienes intercambiados, y la autenticidad del trato.

            En cuanto a la alquilabilidad de las mercancías, deben distinguirse entre dos tipos: mercancía de uso y mercancía de consumo. Y en cuanto a transacciones -todo trato comercial equitativo para el intercambio de la propiedad de bienes- existen tres tipos: venta, alquiler y préstamo (con negocio y sin negocio).

          La moneda, mercancía cuya utilidad normal es la de servir como medio de cambio, es consumida o gastada al ser intercambiada; por lo tanto es, o debería ser, una mercancía de consumo no "alquilable".

          Entramos aquí en la usura. ¿Cómo definirla? Podríamos decir que usura es todo trato (anticomercial) desequitativo, debido al incremento no justificado entre el valor de los bienes recibidos y el valor de los bienes entregados. Por lo tanto, la desequidad de la usura estriba en:

          - La constricción de comerciar en el mercado, que consiste en el establecimiento del control de la concurrencia (monopolios, monopsonios o imposición compulsiva de una moneda) o de la competencia (control de los precios o imposición de impuestos comerciales no justificados).

          - La desigualdad de valores, que consiste en el alquiler de moneda o mercancía de consumo en general, la incertidumbre en el trato, la reventa de alimentos sin toma de posición previa, los tratos usureros encubiertos o los depósitos no retomables.

          Entre todas las formas de usura, la más dañina es el alquiler de moneda. No hay uso o servicio en la moneda salvo su gasto o consumo que se pueda alquilar. La moneda se puede prestar para participar en un negocio o sin participar en él, pero ni siquiera en el primer caso se tendría que exigir un  beneficio (o interés) fijo y por adelantado, ya que la propia naturaleza de todo negocio le hace generar pérdidas o ganancias. Por tanto, exigir un beneficio seguro es introducir un incremento no justificado por la realidad del intercambio.

          Hacer que una mercancía no alquilable, como la moneda, sea artificial-mente alquilable o productiva crea una competencia ilegítima con las verdaderas mercancías alquilables o negocios honrados, con fatales consecuencias para el mercado. Los bancos ejercen, con sus tipos de interés usureros, una competencia ilegítima con los beneficios de numerosísimos pequeños negocios  que tenderán a desaparecer, ya que no superan el beneficio artificial del alquiler de la moneda, que las entidades bancarias ofrecen sin apenas riesgo.

          La artificial productividad de este dinero -forzoso medio de cambio- afecta, además, a todos los precios. Directamente por una alteración de la natural demanda de dinero -además de la inflación- e indirectamente por la alteración de las condiciones generales del mercado -transformado en un sistema usurero- con la aparición de grandes monopolios.

          La lucha contra la usura es algo que nos concierne a todos, porque la usura beneficia a unos pocos a cuenta de todos los demás. Con el objetivo de combatirla, proponemos:

          - Reducir la barrera de los tipos de interés hasta anularlos.

          - Proveer de un instrumento de fuerza a los deudores (sindicalización), para contrarrestar la unificada presión de los oligopolios bancarios.

          - Eliminar la usurpación del ejercicio de la propiedad de los propietarios o inversores minoritarios por la tradicional mayoría de los consejos de adminis-tración de las sociedades anónimas. Dotar de instrumentos de fuerza (sindicali-zación) a los propietarios minoritarios.

          - Establecer auténticos mercados libres (justos), donde no exista la usura y el medio de cambio sea una moneda u otra mercancía comúnmente aceptada por todos.

           La planificación democrática de la economía

            Debemos distinguir dos sistemas de poder: el político y el económico. El primero lo constituyen, en principio, los representantes elegidos por el pueblo para que decidan en los asuntos públicos. El segundo, y también en principio, es un sistema de poderes privados -mejor un sistema de imperios privados- exentos de cualquier control, menos en aquellos aspectos remotos e indirectos en los que incluso una dictadura totalitaria debe responder a la voluntad popular.

            Esta organización de la sociedad tiene varias consecuencias inmediatas. La primera es que, de una manera muy sutil, induce a gran parte de la población, sometida a decisiones arbitrarias tomadas desde arriba, a aceptar la mentalidad autoritaria, repercutiendo profundamente sobre el carácter general de nuestra cultura, lo que nos lleva a aceptar órdenes injustas y plegarnos a las decisiones de la autoridad.

            La segunda consecuencia importante de esa organización de la sociedad es que el ámbito de las decisiones sujetas, en teoría al menos, al control democrático popular, es muy reducido. Por ejemplo, en principio, quedan excluidas legalmente de él las instituciones fundamentales de cualquier sociedad industrial avanzada, es decir, el sistema comercial, industrial y financiero en su totalidad.

            Y la tercera consecuencia, no menos importante, es que, incluso dentro del reducido ámbito de las cuestiones que se hallan sometidas, en principio, a la toma de decisiones democráticas, los centros privados de poder pueden ejercer, como bien sabemos, una influencia desproporcionada utilizando métodos que resultan obvios, como el control de los medios de comunicación o de las organizaciones políticas, o, de un modo más sencillo y directo, por el simple hecho de que, habitualmente, las figuras más destacadas del sistema parlamentario proceden de ellos.

            El sistema democrático -o lo que tendríamos que denominar democracia real- tiene un ámbito de actuación muy reducido en la democracia capitalista. E incluso dentro de ese ámbito tan reducido, su funcionamiento se ve obstaculizado por las concentraciones de poder privado y por la manera de pensar, autoritaria y pasiva, que adoptan las instituciones autocráticas, como el sector financiero-industrial. Tanto en este sector como en el sistema político tienen lugar procesos de centralización del control. Por lo que al sistema político se refiere, el papel de las cámaras parlamentarias en la toma de decisiones políticas ha menguado desde la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, la importancia del poder ejecutivo ha ido aumentando en la misma medida que se volvían más significativas las funciones de planificación del Estado.

            Por todo ello, nuestra propuesta de democratización de la economía tiene que estar basada en aquellas medidas tendentes a acercar los procesos decisorios, de autogestión, de planificación, de producción y del mercado a los agentes sociales: sindicatos, organizaciones gremiales, componentes de la economía social (pymes, sociedades laborales, microempresas, cooperativas, etc.), ecologistas, consumidores... es decir, a la sociedad civil. Con una visión descentralizadora, cercana al territorio y con respeto al medio ambiente. Situamos nuestra concepción de la política económica en el marco democrático de la solidaridad, de la ética y de otra orientación global que atienda a los grandes cambios que se están dando, centrando el interés en el desarrollo individual y colectivo de las personas.

            El fracaso del “socialismo de estado” en el este europeo hace resaltar la crisis de los paradigmas. Las utopías políticas ceden su lugar a las utopías esotéricas, las ideologías pierden credibilidad, hay menos esperanza en un mundo que vive, hoy, bajo la hegemonía militar y económica del sistema encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica.

            De hecho, hay una desmitificación del lenguaje político. Durante décadas él se había constituido en ciencia capaz de explicar, analizar y prever los fenómenos humanos. Abrió horizontes y permitió a una parcela de la humanidad creer que lo colectivo, la justicia social y la solidaridad podrían construir la materia prima del futuro. Pero ahora nos dicen que todo aquello en lo que creíamos se encuentra en crisis.

            Sin embargo, no es lo colectivo, la justicia social y la solidaridad quienes están en crisis. Es la “racionalidad moderna”. Allí donde el “modernismo” no echó raíces -en los medios populares, por ejemplo- las expresiones de colectividad y solidaridad aún se manifiestan. De algún modo, las personas sencillas continúan creyendo en un futuro mejor. No importa si ese sentimiento brota de la emoción, de la fe o de la esperanza. Lo importante es que anima a multitudes a buscar -en los movimientos sociales, en las iglesias o mezquitas o incluso en la suerte- lo que los pueblos indígenas denominan “una tierra sin males”.

            Quizás, ahora, los atajos se conviertan en las vías principales, como lo demuestra la cuestión ecológica, la fuerza del fenómeno religioso y el rescate del protagonismo de la sociedad civil. He ahí donde se tejen, hoy día, los mimbres de lo colectivo, de la justicia social y de la solidaridad.

            Verdad es, que, de repente, se nos vino abajo casi todo aquello que indicaba un futuro sin opresores ni oprimidos. Y, en nombre de la libertad y de la democracia, el capital privado, en especial el especulativo, asumió el control absoluto del poder. Ahora, las leyes del mercado importan más que las de la ética, y el neodarwinismo se extiende, implacable, a la convivencia social, sobreviviendo sólo los más fuertes y capaces. Aunque en realidad se trata de los más pertrechados de fama y/o fortuna y los más hábiles, aquellos a los que falta cualquier sentido ético.  

            ¿Y la pobreza en que están sumidos dos tercios de la humanidad? ¿Qué significa hablar de libertad, de democracia y de solidaridad cuando no se tiene acceso a un plato de comida? ¿No deberíamos destacar la crisis crónica del capitalismo, que dura ya doscientos años? ¿No sería un equívoco hablar de victoria neoliberal cuando, de hecho, lo que ocurrió fue el fallo del “socialismo estatocrático”, y ahora sucede, a ojos vista, el fracaso también del capitalismo?

            Esa es la gran contradicción de la actual coyuntura: nunca hubo tanta “libertad” para tantos hambrientos. Y tan poca solidaridad por parte de aquellos que tienen acceso al pan. Incluso los pueblos que, en el transcurso de las últimas décadas no conocieron la pobreza, el desempleo y la inflación, ahora se enfrentan a dichos flagelos, como sucede en los países del este europeo.

            La ironía es que ahora aquellos pueblos son “libres” para escoger a sus gobernantes, pueden salir fuera de sus fronteras y manifestar sus discordancias en público. Pero se les niega el derecho a escoger un sistema social que no asegure la reproducción del capital.

            La cuestión que dramáticamente se plantea es la siguiente: ¿Quién determina las grandes opciones sociales, económicas, culturales y ecológicas, la lógica mercantil guiada por el beneficio de los grandes oligopolios o la lógica de lo social inducida por las necesidades e intereses de las poblaciones?

 

Esta reorientación global requiere prestar especial atención a la recu-peración económica, al empleo, al aseguramiento de los servicios esenciales básicos como la sanidad y la educación, al desarrollo y fortalecimiento de las infraestructuras y del tejido productivo industrial (fundamentalmente a aquellas actividades que utilicen materias primas renovables de procedencia nacional), así como la redistribución de la riqueza en aras de una mejor calidad de vida, en el marco de la solidaridad territorial y social.

 

          Igualmente es obligado apostar por un sector público orientador y programador de un modelo económico solidario, equilibrado y sostenible (física y socialmente), redefiniendo algunos aspectos del sistema fiscal -mayor persecución del fraude (que ejercitan con novísimas técnicas económico-financieras las grandes empresas y multinacionales), impuestos a las grandes fortunas, sobre actividades antiecológicas y antieconómicas, sobre el capital inmobiliario, viviendas vacías, etc.- que permita una suficiencia financiera del estado, sin incrementar globalmente la presión fiscal. Políticas presupuestarias que tiendan, con conceptos de austeridad, a disminuir gastos mediante la reforma y simplificación administrativas, la eliminación de gastos suntuarios, etc., propiciando que los flujos de capitales destinados a inversiones de carácter especulativo se dirijan a sectores productivos.

 

          Para nosotros, la ordenación del Estado debe considerar la universalización de los grandes servicios públicos (transportes, comunicaciones, sanidad, educación, vivienda), que constituyen lo que hoy podríamos denominar "nueva generación" de derechos humanos y políticos. Los sectores público y privado de la economía deben, ambos, actuar con un criterio de interés público.

 

          Una economía autogestionada como la que planteamos no puede conducirse sin mecanismos propios de acumulación ligados a la realidad social y territorial. La solución no es una economía estatalizada, ni tampoco la existente de "libre mercado", por lo que basándonos en la autogestión, otorgamos un papel fundamental y preponderante a los componentes de la economía social (pymes, autónomos, microempresas, cooperativas, sociedades laborales, etc.).

 

          Por ello, se plantea la necesidad de un nuevo modelo de relaciones laborales y económicas, basado en la democracia económica. La Planificación Democrática no es únicamente una técnica participativa para equilibrar democrá-ticamente la distribución de la parte del producto total que controlan las distintas administraciones, sino que ha de tener una dimensión adicional: la fijación colectiva de objetivos y la corresponsabilización con el logro de los mismos, tanto individual como colectivamente.

 

          En este marco planteamos:

 

          - La democratización del crédito y del sistema financiero, facilitando el acceso a la financiación de la economía social y con mejoras fiscales para los ciudadanos; en pro de una política de abaratamiento del dinero, de una proyección social de sus beneficios ligada a la economía regional y sectorial, con una representación en sus órganos de dirección que sea reflejo de los intereses reales de los sectores y territorios ahorradores.

 

          - Una política que considere la necesidad de adaptar los distintos sectores productivos y de servicios a las capacidades (recursos) y necesidades reales de nuestro pueblo.

 

          - Una normativa que regule en Andalucía el sistema de Cajas de Ahorros, definiendo su papel en el desarrollo territorial.

 

          - La democratización del sector público, modernizándolo de acuerdo con un modelo participativo y de corresponsabilidad de los trabajadores y usuarios (autogestión), con suficiencia financiera y en función del territorio.

 

          - Criterios democráticos para las políticas sectoriales, basados en los principios de integridad, coordinación, democratización, participación, interés social y respeto al medio ambiente (Plan energético alternativo, modelo social de transporte, ley alternativa del suelo, política agraria comunitaria alternativa, desarrollo y aplicación de la Ley de Comercio, ley antimonopolios, estatuto de las pymes, etc.).

 

          - Potenciar la economía social como base organizativo-económica y pilar fundamental de nuestro modelo económico. La economía social debe jugar un papel fundamental en la democratización de la economía, además de actuar de puente entre el sector público y el privado, contribuyendo a superar positivamente la contradicción entre éstos y establecer el equilibrio entre ambos.

 

          - La articulación de reglas democráticas que intervengan ante lógicas económicas y políticas que tienen su origen en el actual desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación, junto a los procesos de modernización y cambio cultural nacidos de la desaparición de identidades culturales tradicionales (trabajo, ideología, familia, etc.). Y la función que debe ser cumplida por las organizaciones políticas ante este cambio de identidad cultural e ideológica.

 

          - Potenciar mercados libres de usura (comercio justo) y formas organiza-tivas de control, defensa y presión sobre entidades financieras y multinacionales (sindicación de deudores y pequeños accionistas).

 

          - Reorientar la composición, funciones y objetivos de los Consejos Econó-micos y Sociales, con la perspectiva de corresponsabilización en la planificación democrática de la economía.

 

          - Ley de comarcalización de Andalucía, basada en las comarcas naturales y en las históricas Coras, no en una nueva división tan artificial como las provincias. Desaparición de las Diputaciones.

 

          - Un marco fiscal más progresivo que se extienda a impuestos sobre sucesiones, rentas del capital, patrimonio, etc.               

  

            Un modelo económico socialmente solidario

            ecológicamente sostenible y políticamente equilibrado

            

            El modelo de desarrollo capitalista que se ha impuesto en todo el mundo se orienta según indicadores de pretendido carácter científico neutro social y moralmente: el crecimiento del PIB, la estabilidad, la minimización del papel social del estado, la eliminación de las barreras aduaneras, etc. Pero, en realidad, esta apariencia de neutralidad encubre los intereses de las empresas transnacionales, centros de poder económico y político de nuestra época y progenitores del neoliberalismo económico.

 

El Secretario de Estado de Economía del gobierno presidido por J. Luis R. Zapatero, presentó en público el proyecto del nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, -que estaba pendiente desde hacía años porque los gobiernos del Sr. Aznar nunca se atrevieron a sacarlo- y que, entre otras modernidades, reconoce en nuestro Derecho a los fondos de inversión de alto riesgo -los llamados hedge funds- en los que se refugia el poder financiero global más voraz y especulativo. Generalmente vinculado a los paraísos fiscales de los centros offshore que, “apalancados” con enorme dinero prestado, realizan arriesgadas operaciones especulativas en Bolsa, sin creación de riqueza ni fomento de empleo. Todo eso, siguiendo la línea “modernizadora” y neoliberal tradicional del pensamiento único, que facilita y potencia los mercados financieros globales, donde no se crea riqueza y el dinero se compra y se vende a sí mismo en sus diversas manifestaciones, en forma de acciones, bonos, préstamos bancarios, seguros, fondos y demás productos financieros.

 

En el Pleno del Congreso celebrado a mediados del año 2005, se aprobó una verdadera amnistía fiscal para las grandes fortunas que se han refugiado en las Sicav, las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable. Un tipo de sociedad anónima fiscalmente privilegiada, gestionada por nuestras grandes entidades financieras, que no sólo seguirán tributando al 1%, en vez del 35% como cualquier sociedad mercantil, sino que, igualmente, se impedirá que la Inspección de Hacienda haga efectivas las doscientas actas de infracción abiertas a las falsas Sicav gestionadas por noventa y nueve hombres de paja, haciendo perder a Hacienda varios millones de euros, que se perdonan. Como el pago de impuestos se mete en el paquete de las cuestiones financieras, en adelante será la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la célebre CNMV, quién vigilará a las Sicav, con la diligencia ya demostrada en el asunto Gescartera.

 

Las plusvalías del capital financiero siguen tributando al 15%, sean ganancias de miles de millones o de mil euros. Por el contrario, el Secretario de Hacienda ha explicado a la ciudadanía que seguirán abonándose los cien euros mensuales a las mujeres con hijos pequeños que trabajen fuera de casa; pero que aquellas madres, dedicadas a su hogar, y que pretendan cobrar esa ínfima cantidad, tendrán que seguir esperando a que aumenten espontáneamente los ingresos tributarios.

 

Todos estos intereses conforman, no solamente las relaciones económicas, sino también los valores que orientan la vida social: la competencia como base de la "eficiencia", el consumismo como criterio del bienestar, el individualismo, la insolidaridad...

 

          Para que la economía esté al servicio de la dignidad humana y respete los equilibrios ecológicos que son el fundamento de la vida, tiene que subordinarse a intereses y valores radicalmente distintos. La experiencia de los últimos años demuestra que, conforme se avanza en la internacionalización de la economía, mayor es la necesidad de los pueblos y territorios de disponer de mecanismos que compensen y corrijan los efectos que sobre los mismos ejerce esa globalización.

 

          La libre circulación de los capitales, la fragmentación estratégica de los procesos productivos y la creciente actuación a escala mundial de las grandes empresas, imponen los intereses de las multinacionales sobre las personas, permitiendo situaciones perjudiciales para los trabajadores y la sociedad civil de territorios concretos. Menos evidentes, pero igualmente impactantes, son los movimientos de capitales captados en Andalucía e invertidos en otros mercados, los efectos de las importaciones agrarias, las reformas de las PAC, etc.

 

          La defensa de los recursos naturales concretos y locales, frente a la expoliación, guarda una relación muy estrecha con la defensa de nuestras condiciones de trabajo y de vida frente a la presión del discurso de la competencia internacional. La crisis de los recursos naturales (incluidos los "nuevos paisajes", espacios naturales, suelo urbanizable en el litoral...), no es sólo global, sino también concreta. No afecta sólo a la calidad de vida, sino a la base misma de la actividad productiva. Concretamente en Andalucía, podemos hablar del caso del agua en relación con la agricultura o el caso de costas y paisajes con el turismo.

 

          Ante este modelo económico, despilfarrador y productor de desempleo masivo, lo que se impone es una reconsideración del sistema económico actual y de los principios que lo sustentan. Es necesario ir hacia un nuevo modelo económico solidario, equilibrado y sostenible. Es decir, se trata de situar en la sociedad el debate de los conceptos de bienestar y consumo, sus implicaciones económicas, sociales y ambientales, así como sus consecuencias.