SOCIEDAD CIVIL

                Y PARTIDOS POLÍTICOS

                             (Una nueva forma de relación)

          Hace ya muchos años -una vez finalizada la dictadura que supuso un largo paréntesis en la organización democrática que, en lucha contra el poder, ciudadanos de los diversos pueblos de España habían estado elaborando desde finales del siglo XIX- se permite al pueblo la posibilidad de gobernarse a sí mismo. Este hecho, considerado por muchos la base de la democracia, aparece tutelado por los partidos políticos, que se convierten, en la práctica, en el único vehículo posible para ejercer el derecho democrático.

          Derecho que hace posible el autogobierno de la sociedad y que se asienta en tres premisas fundamentales: la libertad de la persona, la separación de los poderes que conforman la democracia: legislativo, ejecutivo y judicial, y la elección directa de los gobernantes. Sin embargo, y a pesar del avance que supuso el paso de una dictadura al sistema actual, los ciudadanos tenemos graves problemas para poder desarrollar plenamente nuestra libertad; el ejecutivo se inmiscuye, controla y manipula interesadamente a los demás poderes y, como consecuencia del sistema político imperante (democracia delegada y dirigida, no participativa) y favorecidos por la actual ley electoral, los elegidos en los comicios son los designados por las cúpulas de los partidos y no los que realmente desea el elector. ¿Dónde están, pues, los fundamentos de nuestra democracia?

          En teoría, y según la Constitución Española, disfrutamos de un sistema democrático que nos iguala a todos; sin embargo, podemos comprobar cómo la teoría deja paso a una práctica donde el más fuerte y poderoso domina al débil, la mayoría ahoga a la minoría y los poderes económicos se adueñan de los gobiernos impidiendo los cambios sociales que facilitarían la convivencia.

          A pesar de lo que nos pregonan los medios de comunicación oficiales, creemos que así no debe ser el funcionamiento de nuestra democracia. Por lo tanto, analicemos el desarrollo del sistema actual de representación a través de los partidos políticos y su relación con la sociedad civil, a la que deben su razón de ser.

          Las funciones de los partidos políticos pueden ser resumidas en una sola: son los principales sujetos de la acción política, y esa acción consiste en hacer de mediadores entre la sociedad civil y el Estado. Giovanni Sartori los definía rotundamente: "Los partidos son conductos de expresión: son un instrumento que representa al pueblo al expresar sus exigencias. Los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar a las autoridades los deseos del pueblo”.

          Sin embargo, en nuestro entorno habitual, el partido político tradicional se ha convertido en una estructura cerrada y difícilmente movible, un coto hermético donde apenas queda representada la voz del ciudadano, primando el interés del colectivo económico sobre el ideológico y social que lo configura y, sobre todo, recibiendo la imposición de un cuadro dirigente que no siempre está conectado totalmente con las bases militantes. A pesar de los resortes de debate propios de un partido (comités, congresos, corrientes...) la dialéctica democrática interna no suele fluir con la facilidad deseada, por lo que ese recoger los deseos del pueblo del que hablaba Sartori, se ve inexorablemente desplazado a un segundo plano de interés.

          Aun así, lo más preocupante resulta ser el papel de la sociedad civil, relegada a depositar un triste voto cada cuatro años para elegir al partido más afín a sus ideas (suponiendo que exista alguno). La marcha institucional de un estado se ve entonces invadida por una sociedad de políticos. Los partidos monopolizan, no ya sólo la forma de pensar sino también la forma de actuar de la sociedad con respecto a sus mecanismos de organización. El pueblo no tiene acceso directo al poder ejecutivo o al legislativo (poderes que le dominarán totalmente y gobernarán su vida) si no es a través de un partido y de la supeditación a sus exigencias y disciplina.

          Así no es como se diseñó la democracia. Sabemos que algo falla en el sistema democrático actual y que, a pesar de las perfectas teorías que lo rigen, distamos mucho de un real y efectivo poder del pueblo. Los partidos políticos tradicionales, como mecanismo encargado de unir las inquietudes del pueblo con el ejercicio del poder, hasta ahora, dejan absolutamente patente su imperfección y su ineficacia.

Ante esta situación, podemos permanecer pasivos sin intervenir en la vida pública, aunque recordando las palabras del Padre de la Patria Andaluza: “No son hombres de bien los que se consagran por entero a sus hogares, sus bibliotecas o sus retiros, rehusando o despreciando la lucha por la justicia. Son egoístas que huyen del fango por evitarse la repugnancia o el esfuerzo .../... Son esa clase cobarde llamada neutra. Hablan de las debilidades de los hombres públicos sin haber contrastado su propia fortaleza y dejan los asuntos públicos a la incapacidad de los peores”. O podemos expresar nuestras opiniones e ideales y proceder en consecuencia. Teniendo fuertemente arraigadas nuestras convicciones democráticas, y no actuando contra el sistema de partidos políticos, sino contra su funcionamiento burocrático y las prácticas sustitutivas de la voluntad popular que ejercitan, debemos pensar en una reestructuración del sistema que nos permita volver a los orígenes de la democracia.

          En primer lugar, propugnamos una defensa a ultranza de la libertad como bien natural del hombre. Las presiones sociales o económicas no pueden mermar, ni siquiera en parte, la libertad como derecho humano. Y mucho menos coartar esa libertad en nombre de una supuesta protección contra grupos que pretenden la desaparición del sistema. Es preciso acabar con los esquemas cerrados de acceso al poder, a fin de terminar con la oligarquía que domina en las direcciones de los partidos políticos tradicionales. Para ello, se hace imprescindible la reforma del actual sistema electoral acabando con las listas cerradas y bloqueadas; el cambio de la ley de financiación de los partidos, evitando la actual financiación pública y haciendo que dependa de la voluntad de los ciudadanos expresada en su declaración de impuestos; el desempeño de la presidencia del Defensor del Pueblo y de la Cámara de Cuentas por personas técnicamente capacitadas y políticamente independientes y la ampliación de competencias del Parlamento, Gobierno Andaluz y otras instituciones autonómicas, que les permitan adoptar oficialmente lo que es norma en la sociedad andaluza.

          La regeneración ética y la vuelta de la honradez como referente en la actitud política deben ser otras de nuestras reivindicaciones básicas que no se pueden quedar solamente en palabras. Nuestra actitud en el día a día y la elaboración de normativas que impidan la corrupción, debe ser el referente que lleve a la práctica la teoría. La verdadera legitimación de una autoridad está en la ética de su conducta. No es con palabras grandilocuentes y demagógicas como se consigue avanzar, ni colocándose a sí mismo supuestas etiquetas progresistas, es en la actitud diaria donde se tiene que ver la teoría que pregonan los gobernantes.

          Es necesario refundar la solidaridad, llenarla de contenidos. La política social que se ha hecho hasta la fecha ha sido poco ecuánime y sí muy interesada, más atenta al beneficio político y a los intereses partidistas, que al progreso de la sociedad. Así, vemos que problemas como el desempleo de larga duración afectan, no sólo al individuo que lo padece y su familia, sino también al conjunto de la sociedad cuando un número cada vez menor de activos debe hacerse cargo de una cantidad creciente de inactivos, con lo que se inicia lo que el ensayista Jean François Revel denomina la autodestrucción de la solidaridad. Agravado todo ello por la inmigración que, ahogada bajo toneladas de demagogia sin que se afronte de verdad el problema humano que significa, se enquista sin solución. Un proyecto para Andalucía debe tomar conciencia de estas y otras cuestiones como necesidades perentorias y, junto a todos los agentes sociales, buscar una solución urgente y viable. Un gobierno no puede convertirse en defensor del estado del bienestar y, a la vez, impedir los medios necesarios para que esa sociedad pueda producir los recursos que posibilitarán el futuro de ese bienestar.

          Reclámese al poder. Como decía el profesor Lacomba: "¿Por qué no pensar en Andalucía? ¿En dónde está, como comunidad y como pueblo? ¿En qué ha venido a parar, tras tantas esperanzas? Véase, para comprobarlo, su puesto dentro de las autonomías y de las provincias. Los resultados son desoladores. Reclámese, pues, al poder. Presiónese a los políticos. Recuérdeseles en dónde han puesto a Andalucía y al pueblo andaluz. Vistas así las cosas, habría que pedir a los políticos que, además de otros más particulares, se fijaran dos objetivos generales básicos: uno primero, crear ciudadanos, planteando la acción municipal como una escuela de participación política y de educación cívica; otro segundo, impulsar la construcción y consolidación de la propia identidad. Con ambos, se retoma la vieja tradición blasinfantiana, que proponía levantar Andalucía desde los municipios. En definitiva -¿y por qué no?- preocuparse también por Andalucía. Porque, parafraseando la vieja y ácida frase del profesor Murillo, si todos están pensando en Madrid, ¿quién piensa en Andalucía? ¿ni siquiera los propios andaluces?”

          Para poder depender de sí mismos, para hacer un futuro con dignidad, hay que acabar con la situación arrastrada desde los tiempos de la conquista española y reafirmada a comienzos del siglo XIX. Los latifundios, las tierras yermas e improductivas, los propietarios de grandes extensiones de terrenos heredados de sus antepasados -todo latifundio es ilegal en su origen, nos decía Blas Infante-, causan un terrible daño a la economía andaluza. Una reforma agraria, evitando revanchismos y partiendo de criterios progresistas que tomen conciencia de los avances que ha experimentado la agricultura, a la vez que siga normas de cultivos autóctonos, debe ser la base que permita el aprovechamiento de la tierra y la autonomía de sus habitantes.

            Ha de acometerse una profunda reforma de la justicia. Las leyes elaboradas bajo presiones e intereses abyectos, la falta de vocación en sus administradores y la tardanza en resolver los casos pendientes, la convierte en injusta; paradoja que, entre otras razones, ha provocado el desprestigio y la falta de confianza del ciudadano en una sentencia con equidad. Se debe informar al ciudadano sobre la utilidad del Congreso y del Parlamento como cámaras donde se elaboran las leyes que regirán sus vidas. La urgente reforma en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y otras instituciones, tanto estatales como autonómicas, permitirá comenzar la recuperación de un prestigio perdido actualmente a causa de la manipulación política.

        Otro capítulo imprescindible debe ser la participación efectiva de la sociedad civil en los asuntos públicos. Hay que desenmascarar la propaganda oficial que insta al ciudadano a no participar si no es bajo la batuta de una organización política, acusándole, si lo hace, de invadir competencias que no le pertenecen. Nuestra identificación y colaboración con los movimientos sociales emergentes debe ser el mejor referente de una actitud diferenciada. Tenemos que crear los espacios adecuados para formar a los ciudadanos en una cultura participativa y solidaria; promover los debates públicos, charlas y conferencias; crear las condiciones necesarias para que se realicen consultas públicas a los ciudadanos sobre temas de interés general; activar, desarrollar y llevar a la práctica los Reglamentos de Participación Ciudadana; promover los Consejos Asesores y Consejos Sectoriales como forma de participación de la sociedad civil en la vida pública; aconsejar a los diferentes colectivos, entidades o asociaciones sobre la presentación de iniciativas ciudadanas; hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local; crear talleres de formación en el ámbito educativo y cualquier otra iniciativa que signifique una mayor participación del ciudadano en la vida pública; instar a la clase política para promover iniciativas deontológicas que obliguen a los políticos al cumplimiento íntegro del programa electoral con el que se presentaron a las elecciones, debiendo actuar con honradez y dimitiendo si no cumple lo prometido.

            El poder político tolera a las organizaciones de la sociedad civil, pero hace oídos sordos cuando, desde hace bastantes años, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía propone y reclama en sus documentos: "Tenemos que caminar hacia la consecución de lograr que nuestra Comunidad Autónoma sea una comunidad extraordinariamente informada, no tutelada. Para ello, tenemos que contar con presupuestos que sirvan para informar a la sociedad de las posibilidades de las administraciones tanto en recursos como en servicios. Hay un gran desconocimiento en esta materia y en muchas ocasiones se planifican mal los cauces de comunicación que deben hacer llegar toda la información a la ciudadanía... Hay que apostar, sin lugar a dudas, por apoyar a las organizaciones ciudadanas como interlocutores sociales ante las administraciones y ante los grupos políticos. La ciudadanía no quiere jugar el papel de convidado de piedra ante todo aquello que le afecta... El Gobierno y el Parlamento deben seguir profundizando en la idea de colocar en posiciones más avanzadas a la ciudadanía. Compartiendo responsabilidades e implicándola en la toma de decisiones como receptores finales que son (somos) de esas decisiones. Andalucía tiene un tejido asociativo de incalculable valor, que aporta los elementos necesarios para ayudar, participando en todas las políticas que interesan a los andaluces. Luego sería un despilfarro extraordinario no contar con un caudal humano que viene invirtiendo en el proyecto Andalucía su capital social...”

          Para hacer nuestro futuro, hemos de conocer nuestro pasado. La historia de Andalucía, constantemente manipulada, debe experimentar una valiente y exhaustiva investigación, evitando tomar como referencia, exclusivamente, los textos de los conquistadores. Se hace imprescindible la creación de una Academia de la Historia y la Lengua de Andalucía, que comience a sentar las bases de nuestra propia personalidad. Los medios de comunicación públicos, dependientes del Gobierno Andaluz, deben ser el marco donde se refleje unas costumbres, un habla y una historia sin recurrir a los tópicos que tanto daño han hecho a Andalucía. La cultura, la educación, son una parte importante en la solución de los problemas de la sociedad.

Aunque nuestra educación, nuestra cultura, a pesar de acumular tres mil años de saber, no ha podido -o acaso lo han impedido fuerzas poderosas- motivar a los andaluces en una conciencia histórica como pueblo. Sectores sociales de otras zonas del Estado español consiguieron en los años del desarrollo industrial una vertebración que les fue negada a los andaluces. Dominada desde hace siglos por un poder que la controla, la sociedad civil andaluza se ha mostrado incapaz de crear órganos de representación que la defiendan contra los intereses de ese poder que, casi siempre, han sido opuestos a los de Andalucía.

          Mientras vemos cómo los pueblos con una sociedad civil organizada y representativa avanzan, nuestra nación no encuentra los vasos comunicantes necesarios que le permitan acceder a las instituciones donde se toman decisiones básicas para su presente y futuro. Por lo que nos convertimos en espectadores, aunque sufrimos sus consecuencias, de unas resoluciones tomadas por aquellos a los que poco importa Andalucía ni los andaluces: cierre de empresas, abandono de cultivos, atraso educativo, falta de control de nuestros recursos básicos... son algunos de sus resultados. Sin embargo, donde existen unas organizaciones que dejan sentir su peso ante el poder político, nada de esto ocurre; todo lo contrario, poco a poco van consiguiendo para sus pueblos mayores cuotas de poder. Esto es así porque la sociedad civil por medio de sus organizaciones presiona al poder político a fin de conseguir sus intereses. Es el pueblo organizado que deja oír su voz ante los políticos.

          Por desgracia para los andaluces, existe otra realidad en nuestra tierra. La economía se deteriora en lo productivo (salvo raras excepciones), lo comercial y lo creativo y, con ella, va desapareciendo la capacidad humana para su emancipación e independencia; en lo social avanza el estado de apatía individual y colectiva sobre el presente y el futuro; en lo político parece que está menguando la función que es propia a los partidos políticos, como es tener un conocimiento claro de las necesidades e intereses de los pueblos o sectores sociales a los que dicen representar, con una falta de visión estratégica sobre las verdaderas realidades de la política nacional, estatal e internacional, de los intereses en juego y la definición de una posición clara ante ellos.

          Y así, son los intereses partidistas los que dominan la política andaluza. Mientras en Andalucía la escasa sociedad civil organizada camina paralela a las instituciones políticas, con un muro infranqueable que las separa, en otras zonas del Estado Español no sólo encuentra numerosos puntos de coincidencia sino que se imbrica (entrelaza), complementándolo, con el poder político. Si las decisiones políticas no sólo afectan, sino que están destinadas a regular y a controlar la sociedad civil, ¿puede parecer extraño que ésta quiera intervenir en dichas decisiones?

          Por dicho motivo, se hace necesaria la autoorganización de una sociedad civil sin complejos, que sepa defender sus intereses sin dejarse engañar ni intimidar por el poder político. Una sociedad civil con unos objetivos claros, que deben ser desarrollados por los sectores sociales más afectados e interesados, como pueden ser:

          Los profesionales y trabajadores que se interesen por la búsqueda de iniciativas y alternativas de sus sectores productivos, comerciales y de servicios, siendo su contribución decisiva en la búsqueda de nuevos horizontes para el desarrollo de Andalucía.

          El empresariado, especialmente las micro-empresas, cooperativas y autónomos (la denominada economía social), sobre quienes recae la mayor carga impositiva y la menor dedicación de recursos públicos, a pesar de generar más del ochenta por ciento del empleo. La secular estructura latifundista y las grandes empresas andaluzas, casi siempre vinculadas al estado o a capitales ajenos a nuestra tierra, nunca han tenido una especial sensibilidad sobre la problemática y el futuro del pueblo andaluz, como es de sobra conocido.

          Los intelectuales y artistas, cuya contribución al desarrollo de nuestra tierra siempre ha sido destacada en todos los foros estatales e internacionales y en todos los ámbitos: la filosofía (desde Séneca a Averroes o Maimónides); las ciencias y la técnica que fueron causa del esplendor de al-Andalus; las artes plásticas desde la arquitectura a la cerámica o el yeso, la música, el baile y los cantos en su diversas variables (ver los estudios de Rodrigo de Zayas), etc. Como demuestran múltiples investigaciones históricas, Andalucía fue fundamental en todo el desarrollo moderno de Europa, contribuyendo decisivamente al segundo renacimiento, ya que el primero se realizó en Córdoba a finales del primer milenio, como cada vez es más reconocido por todos los estudiosos de este tema. 

Decía John Keane en su obra Democracia y Sociedad Civil: "Las libertades de una sociedad civil democrática abarcan actividades más profundas y amplias que el parlamento y las libertades políticas asociadas a él. Las libertades de una sociedad civil activa y autoorganizadora no pueden defenderse sin una asamblea parlamentaria que permita a los intereses particulares de la sociedad civil argumentar su caso y resolver sus diferencias abiertamente, sin violencia y sin represión estatal. Nunca ha existido un régimen político que simultáneamente fomentase las libertades democráticas civiles y aboliese el parlamento. Ni tampoco ha existido nunca un régimen político que mantuviese un parlamento democrático y simultáneamente aboliese las libertades civiles. Y hasta ahora, nunca ha existido un régimen político donde una sociedad civil poscapitalista combinase profundas libertades políticas y un parlamento activo y vigilante. Construir exactamente este tipo de régimen, podría considerarse un desafío histórico".

          Se ve, por tanto, la necesaria coexistencia de la sociedad civil con las instituciones políticas. Sin dominio de la una sobre la otra, pero influenciándose mutuamente. Como hasta ahora sólo se ha visto esta influencia en un sentido, parece, pues, necesaria la existencia de una organización política que permita a la sociedad civil ser protagonista en su autoorganización. En definitiva, pasar de una influencia exclusiva de la política en la sociedad a una "socialización" de la política.

          Finalmente, es necesario denunciar ante todas las instituciones el diseño que para Andalucía han realizado desde la Unión Europea. Elaborar un futuro basado en la prestación de servicios y en el subsidio como forma de vida, parece más un castigo, impuesto por fuerzas ocupantes, que un proceso creíble de desarrollo para Andalucía. El tratado de adhesión, los acuerdos posteriores y la Constitución Europea, deben ser divulgados y conocidos por la ciudadanía, analizando en profundidad si el apoyo casi unánime que les presta el pueblo andaluz es fruto del desconocimiento o de creer sinceramente en las bondades de pertenecer a un ente superior. 

          El futuro nos lo están inventando desde fuera, el hacer una Andalucía más próspera, rica y de progreso, no dependerá de nuestro esfuerzo, sino de la voluntad de los gobiernos del Estado español, o del futuro Estado europeo, en conceder dádivas a los andaluces. Por ese motivo, es necesario impulsar medidas de autogobierno que permitan un desarrollo de nuestra nación, paralelo a las zonas más prósperas de nuestro entorno: Ley Antimonopolios, Ley de Comercio, Estatutos de las Pymes, reforma de la legislación sobre autónomos, nuevas normativas sobre las Cámaras de Comercio, etc.

          Desde la actividad política es imprescindible participar muy activamente en la elaboración de un verdadero Estatuto de Autonomía para Andalucía, que nos sirva como la palanca desde la que el pueblo andaluz active las potencialidades necesarias para desarrollarse como nación. Todo ello, unido a la elaboración de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuyas bases permitan el desarrollo de todos los sectores socioeconómicos de nuestro territorio, con independencia de criterio, sentido común y la mirada puesta en el bien de Andalucía y los andaluces. Para ello es preciso creer en la mayoría de edad de la sociedad civil y que la cultura es pieza básica para el desarrollo de un pueblo.

            Y, a su vez, creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad para llevar adelante todo lo que pretendamos. Como nos recordaba Paulo Coelho: “Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos”.

          Solamente con nuestra imaginación, lucha y trabajo, conseguiremos los andaluces salir de la posición en que intereses extraños nos han colocado. Solamente confiando en nosotros mismos y elevando nuestro nivel educativo y cultural, abandonaremos el papel que nos han dado. Solamente participando en la elaboración del futuro, podremos formar parte de él.